Servicio de RT
BUENOS AIRES.-Se limita el derecho a huelga. Los trabajadores serán sometidos a un mayor periodo de prueba antes de ser contratados. Se reducen las indemnizaciones por despido. Los alquileres se pactarán libremente y en dólares. Los servicios médicos privados podrán aumentar precios cuando quieran. Las empresas públicas serán privatizadas.
Estos son algunos de los aspectos más controvertidos del Decreto de Necesidad y Urgencia que el presidente de Argentina, Javier Milei, dio a conocer el miércoles en la noche, y que fue respondido con ‘cacerolazos’ en las calles solo 10 días después de haber asumido el poder.
La protesta masiva y espontánea fue el cierre de una tensa jornada, que incluyó el estreno del protocolo contra las manifestaciones callejeras y la cadena nacional en la que el mandatario anunció una catarata de reformas, que de inmediato fueron cuestionadas por su legalidad, ya que muchas de las normas deben pasar primero por el Congreso.
Uno de los apartados más controvertidos del decreto, que consta de 366 artículos, es el referido a una ambiciosa reforma laboral que cercena derechos de las y los trabajadores.
Por ejemplo, limita el derecho a huelga en actividades consideradas como «esenciales», ya que se exigirá que se garantice la prestación de por lo menos un 50 % del servicio.
Esto incluye, entre otros, los sectores de salud, de farmacia, transporte y distribución de medicamentos, agua potable, gas, combustibles, energía eléctrica, telecomunicaciones, aeronáutica comercial, servicios aduaneros y educación en todos los niveles.
En el caso de actividades de «importancia trascendental”, como transporte de mercaderías, servicios de radio y televisión, siderurgia y producción de aluminio, industria química, cementera, minera, alimenticia, de materiales de la construcción, hotelera y gastronómica; puertos y aeropuertos, correos y bancos, deberán garantizar el 75 % del servicio.
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