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El conflicto de interés

Por Hotoniel Bonilla

Colaboración/elCorreo.do 

PERSPECTIVA: El conflicto de interés ocurre a menudo en el sector privado y en el sector público, el mismo sucede cuando los intereses particulares de una persona interfieren con el cumplimiento de sus funciones profesionales sean de carácter público o privado. La regulación y prevención de estas amenazas a la buena gestión es más eficaz cuando se establecen medidas de detección temprana sobre los vínculos de cualquier naturaleza capaces de generar un potencial conflicto de intereses.

En el ámbito público, la identificación de conflictos de intereses requiere tanto información relativa a los vínculos profesionales y laborales como al origen o fuente de los bienes que integran el patrimonio del nominado o designado. En medio de las contiendas electorales los candidatos presidenciales suelen hacer compromisos con sectores e individuos para el control de determinadas áreas del futuro gobierno. Esta debería ser la primera alerta temprana para aplicar controles preventivos.

Es habitual que los gobernantes designen a personas al frente de instituciones estatales y organismos de regulación con vínculos profesionales y de su actividad cotidiana con las facultades y atribuciones de esas dependencias. En principio, forma parte del adecuado perfil del funcionario, pues su experiencia agrega valor, empero también puede constituir el germen del conflicto de intereses. Ahí radica la necesidad de que existan mecanismos expeditos para la detección a tiempo de esos eventuales conflictos.

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Se ha comprobado que los mismos pueden tener efectos muy perniciosos en la eficiencia de la administración pública y en la cultura de transparencia del aparato estatal, con en el surgimiento de prácticas corruptas y el aprovechamiento de información privilegiada para beneficio de particulares, provocando graves daños al patrimonio material e inmaterial del Estado. Acarrea altos costes políticos e institucionales, afecta la gobernanza y debilita la gestión.

Evitar el conflicto de interés constituye una obligación ineludible del  Estado, puesto que su función esencial es la protección efectiva de los derechos de la persona, sea física o jurídica, que propenda a asegurar el bienestar general, garantizando los derechos de todos. Allí donde se mezclan intereses privados con la gestión pública inevitablemente quedarán afectados los derechos de terceros.

Así, la declaración jurada de patrimonio constituye una fuente fundamental para detectar los futuros conflictos de intereses, puesto que obliga a los funcionarios a identificar sus relaciones laborales, ingresos por trabajos y otras actividades, los activos y pasivos de la comunidad conyugal del declarante y la ocupación laboral del grupo familiar, lo que permite prevenir contra la práctica de utilizar familiares como nominales en emprendimientos comerciales en los que el funcionario tuviera intereses.

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También debe brindar información sobre membresía en juntas o consejos administrativos en entidades privadas, su condición de socio o accionista en corporaciones, sociedades o asociaciones de carácter público o privado, sean éstas con fines lucrativos o no; una relación detallada de bienes patrimoniales, muebles e inmuebles, registrados o no, tanto en el país como en el exterior, entre otras informaciones valiosas para identificar los vínculos y actividades generadoras del potencial conflicto de interés.

Este instrumento legal es vital para el control de los futuros conflictos, sirviendo de herramienta para la buena administración, en especial porque la convivencia en el estado social democrático de derecho exige optimizar la gestión pública.

Igualmente, surte un efecto político favorable a la gestión, evitando el incremento de los escándalos mediáticos que normalmente se convierten en escándalos políticos, pues el primero se encuentra unido a un conjunto más amplio de transformaciones sociales que han dado forma al mundo moderno, las cuales han redefinido las relaciones entre la vida privada y la pública.

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El ensanchamiento de los estratos sociales con acceso a esas herramientas de publicidad, que simplemente no existían hace una o dos décadas, han creado ese nuevo tipo de visibilidad, las cuales tienen implicaciones en la atmósfera gubernamental que está siendo observada por miles o tal vez millones de personas, en especial cuando existen circunstancias específicas como en la actualidad.

Efectivamente, pueden citarse casos recientes y pasados donde ocurrieron escándalos fruto de un conflicto de interés. Lo sucedido en la Lotería Nacional, es un buen ejemplo.  Ahora, lo razonable es incorporar esos mecanismos preventivos para evitar su repetición, muy especialmente en las iniciativas de alianzas público-privadas donde confluyen tantos intereses.

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