Dudan población acepte tranquila privatización de Metro que implicaría aumento de precio

Redacción/elCorreo.do

SANTO DOMINGO: Poco a poco va quedando en evidencia el plan del nuevo Gobierno de aprovechar cualquier resquicio legal para privatizar servicios vitales que se adelanta sería difícil la población acepte sin protestar.

Conforme lo dejó entrever el director general de la Alianza Público-Privada, Sigmund Freund, uno de los renglones a privatizar o poner su operación en manos de empresarios sería el Metro de Santo Domingo, una de las obras públicas que mayor impacto social ha tenido.

El funcionario adelantó la posibilidad de que también parte de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) y el Teleférico sean administrados por representas de del sector vivado, en un acuerdo que se estudia en esa dirección.

Se tiene entendido que el transporte público es un sector que necesariamente refleja déficit, por no ser el lucro su objetivo, sino cubrir las necesidades del conjunto de la sociedad en general y los usuarios asiduos en particular.

En consecuencia, privatizar el transporte puede llevar el servicio a dos situaciones: reducirlo hasta que sea rentable económicamente o transferir los activos que son de todos a manos privadas para continuar pagando por ello, tanto directamente vía tarifas como indirectamente vía impuestos.

También a que los beneficios económicos que se obtengan de su explotación no convencional vayan a los bolsillos de unos pocos en lugar de contribuir al sostenimiento del servicio.

El pronunciamiento de Freund se refiere al señalamiento de la Ley 63-17, de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de República Dominicana (Intrant), en el sentido de “obliga que la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret) y la OMSA se conviertan en empresas públicas con participación de capital mixto”.

“Eso es una posibilidad de analizar, si el sector privado estaría dispuesto a participar en inversiones para mejorar el tránsito. No existe una decisión ya tomada”, expuso Freund al conversar con reporteros.

Recordó que el propio presidente Luis Abinader ha anunciado la construcción de un monorriel para mejorar el tránsito, y que ahí también, pudiera participar el sector privado.

“Debemos aclarar que son planes, no cosas decididas, sino posibilidades”, agregó el funcionario, luego de aclarar que todavía el Gobierno no ha recibido ninguna oferta sobre esa posible capitalización.

“Podría existir un interés del sector privado, una vez se reformen las empresas y se hagan eficientes, pero no podemos decir, que hasta el día de hoy alguna empresa privada haya hecho oferta”, insistió.

Freund señaló que se puede explorar la posibilidad de que los empresarios participen, iniciativa que asegura haría más eficiente el transporte en República Dominicana.

Al hacer referencia a los nuevos medios de transportación urbana, dijo que más de 105 millones de personas utilizaron el sistema integrado de transporte de Santo Domingo Metro-Teleférico en el año 2019.

Informó que esa cifra representa un incremento de 17.86% respecto al 2018, en el que se movilizaron 89,191,121 personas, de las cuales, 3,745,235 de esos pasajeros abordaron el Teleférico de Santo Domingo y los demás en las dos líneas del Metro.

Respecto a la OMSA, este medio de transporte proyecta movilizar este año nueve millones de pasajeros, debido a la paralización de actividades por la pandemia del coronavirus.

El pasado año los autobuses de esa entidad transportaron unos 30 millones pasajeros en Santo Domingo, Santiago y Barahona, ciudades donde opera la OMSA.

La Ley 63-17

El artículo 356 de la Ley 63-17 señala que a partir de seis meses de la entrada en vigencia de la legislación, la OMSA y la Opret pasarían a ser prestadoras de servicios nacionales de transporte de autobuses y ferroviario, respectivamente.

Además de que el Poder Ejecutivo emitirá los decretos para la transformación institucional.

Respecto a sus principios, la indicada ley establece la promoción de la participación público-privada en proyectos de infraestructuras y en la provisión de servicios de transporte terrestre y logística.

Es decir, que asegure “una adecuada protección de los intereses nacionales y la seguridad jurídica de los inversionistas”.

Además, resalta dentro de sus principios, que “el Estado propiciará y fomentará la prestación de servicios, actividades comerciales, instalaciones, infraestructuras, vehículos, equipos y demás elementos organizados para cumplir las competencias de la presente ley”.

Se recuerda que, aunque el Gobierno controle su regulación en todo el territorio nacional, actualmente las empresas de transporte de pasajeros integradas en los sindicatos, federaciones y confederaciones tienen el monopolio del transporte interurbano.