Del Editor/El Correo.do
SANTO DOMINGO: Maritza López de Ortiz y su hija Michelle Ortiz López son dos damas con mucha suerte.
Además de su privilegiada condición de funcionarias del gobierno del presidente Danilo Medina, son contratistas y suplidoras de equipos y materiales médicos de la actual administración.
López de Ortiz y su esposo, Héctor Ortiz, son los titulares de la empresa Electromédica, S.A., compañía que recibió dos contratos por el monto de 665 millones 238 mil 178 pesos con 88 centavos, para suplir a 40 hospitales y 16 centros de atención primaria, en los últimos concursos que ha realizado el Servicio Nacional de Salud.
De acuerdo a la investigación de ElCorreo.do, la funcionaria y su cónyuge también son suplidores del Plan Social de la Presidencia de la República, al punto que han comprado en Miami un apartamento en el Bulevar Costa del Sol, número 25, en la ciudad de Doral, Florida, así como una villa en Casa de Campo y un apartamento en el exclusivo Mirador Sur de la capital.
De su lado, su hija, Michelle Ortiz López, quien es viceministra de la Juventud y ha incursionado en el lucrativo negocio de la importación de “maquinarias estéticas”, es propietaria de la razón social Elemedsa Farmacéutica, S.R.L., suple medicamentos y equipos al Ministerio de Salud Pública, así como a los hospitales Darío Contreras y Juan Bosch.
Ambas funcionarias realizan sus actividades comerciales al sol del día contrariando la Ley 41-08, de Función Pública, que le prohíbe hacer negocios con el Estado.
Ante la denuncia documentada de este diario, un manto de silencio se ha cernido sobre el caso y la directora de Contrataciones Públicas, Yocasta Guzmán, amén de hacer caso omiso a la denuncia, ha dicho que está dispuesta a ir a la prisión para salvar vidas ante la contingencia del COVID-19 que azota al país.
Ni la Constitución, ni la ley, avalan la opacidad e ilegalidad en situaciones de emergencia, por lo que no se puede pretender volarse el ordenamiento jurídico amparándose en el dolor público.
Peor todavía, la Procuraduría de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) no ha hecho nada sobre el caso.
Por esa razón, el dirigente opositor Guido Gómez Mazara ha presentado una denuncia formal contra ambas funcionarias, a los fines de que sean investigadas las denuncias de este medio.
El gobierno del presidente Danilo Medina ha recibido la reprobación de la sociedad por la falta de transparencia y la poca eficacia de las contrataciones públicas para el COVID-19.
Este es un caso para actuar y recuperar la confianza de la ciudadanía.
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