Redacción/elCorreo.do
SANTO DOMINGO: La disputa pública que sostienen las ex directoras de Contrataciones Públicas, Yokasta Guzmán, y Berlinesa Franco, del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI), pone pimienta a un expediente que llevaría a que el Ministerio Pública siga el rastro del dinero que pudieran haber generado las operaciones cuestionadas, si en verdad existieron.
Guzmán es la misma persona que llegó a expresar en su gestión que en Contrataciones Públicas había demostrado que es posible que el Estado dominicano cuente con un sistema transparente y que ofrezca igualdad de oportunidades.
Afirmando incluso que cuando se habla de integridad, transparencia y buen gobierno, no se puede obviar las compras públicas, las cuáles implican el uso de un 31% de los fondos públicos que se manejan del Presupuesto Nacional, y que servidores públicos cuyo sello debe ser diferenciado por sus valores, su integridad, profesionalidad y sobre todo su vocación de servicio.
Reveló que la sociedad no sólo tiene el derecho a exigir a los funcionarios públicos una gestión transparente, sino que este derecho es también un deber.
La diferencia entre ambas salió a la luz cuando Guzmán anunció en una rueda de prensa que elevará una instancia ante la procuradora general de la República, Miriam Germán, para rectificar las “mentiras” que Franco habría dicho sobre el caso de las irregularidades detectadas en un proceso para la compra de 40,000 kits de alimentos por parte del INAIPI en medio de la crisis por el coronavirus.
Al declarar que en todo momento en el INAIPI Franco contó con la asesoría de Compras y Contrataciones.
La exfuncionaria de Compras y Contrataciones junto a su abogado, Carlos Balcácer, afirmó que Berlinesa “al ocultar correos y omitir información sobre los intercambios de información que tuvimos, me afectó mucho”.
Informó que llevaría a la procuradora pruebas de esos intercambios de correos en los que se hace constar lo contrario a lo que la exdirectora del INAIPI ha dicho.
Contraparte
Berlinesa Franco por su lado rechazó acusación en una rueda de prensa, en la que sostuvo que en el cuestionado proceso de licitación ella en todo momento tuvo el acompañamiento técnico de Compras y Contrataciones, hasta que fue suspendido el 6 de abril del 2020.
Alegó que en una entrevista que le hizo el 21 de agosto del 2020 la magistrada Rosalba Ramos, fiscal titular de la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional, ella se limitó a explicar el procedimiento llevado a cabo por el INAIPI para el proceso de licitación.
En esa oportunidad dejó constancia de que todo su accionar fue apegado a la ley y a las indicaciones de la comisión creada por el Poder Ejecutivo.
La abogada de Franco, Emery Colomby Rodríguez, expresó que las declaraciones de Carlos Balcácer, el abogado de Guzmán, laceran la dignidad de su clienta. Pidió a ambos que se concentren en responder con la verdad ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción.
Indicó que le resulta difícil entender por qué alguien que no ha sido interrogado se anticipa a esclarecer en los medios de comunicación su proceso.
“Lamentamos que hayan elegido el escenario equivocado con una versión distorsionada de los hechos”, manifestó.
La manzana de la discordia
Se recuerda que la Procuraduría General de la República anunció en abril el inicio de una investigación por las irregularidades detectadas en la compra de 40,000 kits de alimentos por parte del INAIPI en medio de la crisis por el coronavirus.
Las anomalías trascendieron después que se hiciera una denuncia en ese sentido, que fue investigada por una comisión que designó el entonces presidente Danilo Medina y que integró junto a otros, el entonces consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal.
Donde las autoridades pasadas notificaron que “se cometieron violaciones a los procedimientos de la Ley de Compras y Contrataciones”, además de que se permitió la entrega de mercancías por parte de proveedores al margen del proceso de compra, sin documentaciones que respaldaran la compra, por lo que el Estado se ve imposibilitado para hacer los pagos a los mismos.
También, se anunció la renuncia de Franco, que admitió que no se percató del proceso de compra que se realizó en su propia institución, bajo el alegato del estado de emergencia nacional que vive el país por el coronavirus.
Por el caso, el expresidente Medina destituyó de sus cargos al subdirector general de gestión institucional, Juan López; a la directora administrativa y financiera, Ramona Hernández; al director de planificación y desarrollo, Alberto José Patxot, y a la encargada del departamento jurídico, Stefany Severino Cuello.
Asimismo, a la responsable de acceso a la información pública de INAIPI, Clementina Pérez, al director de operaciones, Ricardo José Guzmán Domínguez, y a la encargada del departamento de compras, Maira Martínez de la Rosa.
Somos un medio independiente que asume un compromiso con la libertad de expresión, la transparencia y el acceso a la información de los ciudadanos.
