Redacción/elCorreo.do
SANTO DOMINGO: Un conflicto dominico-haitiano acaba de brotar luego que autoridades haitianas iniciaran, de manera unilateral, un canal derivador del río limítrofe Dajabón o Massacre (cuerpo de agua, en francés), que nace en la vertiente norte de la Cordillera Central, en territorio dominicano.
El afluente representa el límite entre Haití y República Dominicana desde 1776 (Siglo XVIII). Según la decisión del gobernador José Solano y el Conde de Annery, separa las ciudades Ouanaminthe (Juana Méndez) y Dajabón, en la parte norte, y en el sur, el río Pedernales.
Su decisión fue ratificada por el Tratado de Aranjuez de 1777.
El río es frontera en cinco kilómetros, desde el puesto militar La Bomba hasta cerca de la toma de agua del canal La Vigía. La cuenca del Masacre es pequeña, pero es un río permanente. La pluviometría es de 750 a 2 mil milímetros por año. La zona mide 858 kilómetros cuadrados.
Expertos del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de República Dominicana han advertido sobre la improcedencia de la conexión de un canal al Masacre, del lado del departamento Ouanaminthe.
Federico Franco, viceministro de Áreas Protegidas y Biodiversidad, ha explicado que los haitianos han construido “una estructura que funcionará como desagüe de una finca, porque está muy por encima del nivel del río”.
Entiende el técnico que “allí no hay posibilidad de que se pueda obtener agua para irrigar, a menos que se construya un dique para desviar el río, y eso no puede ser permitido”.
Ambientalistas han advertido sobre el impacto negativo que tendría la disminución del caudal en los manglares y humedales. Y los productores de arroz y otros rubros denuncian que la obra iniciada en Haití dañará la producción en la zona.
En La Vigía, el Coco, Los Veteranos y Sánchez afirman que afectaría la producción de más de 14 mil tareas que se cultivan de arroz, y secaría también la Laguna de Saladillo, humedal protegido por la ley 64-00 de protección al medio ambiente y recursos naturales.
Entretanto, los haitianos justifican su acción porque el río entra a su territorio y el canal serviría para irrigar predios en terrenos de Meac, Derac y Ferie, del departamento de Juana Méndez.
El presidente Luis Abinader ha dicho que confía en que el diferendo se solucionará de la mejor manera porque su par, Jovenel Moise, ha mostrado voluntad de diálogo.
Dique derivador
El conflicto actual tiene al menos un antecedente en Pedernales, y, en esa provincia del extremo sudoeste, hay consenso en que la solución, al final, benefició a los haitianos. Desde entonces, la escasez de agua para riego redujo al mínimo la producción de alimentos en los conucos.
El punto de inflexión fue el 30 de noviembre de 1979. Los presidentes Antonio Guzmán y Jean Claude Duvalier se reunieron en la ribera del río Pedernales e inauguraron el famoso “dique derivador internacional”.
Se basaron en el convenio que había aprobado el Senado, firmado el 1 de enero de 1978 por los cancilleres Ramón Emilio Jiménez hijo (RD) y Edner Brutus (Haití), para edificar la obra a un costo de 214,368,00 pesos (535,920 gourdes).
Los gobiernos vecinos emitieron una declaración conjunta, que destacaba:
“El Dique Derivador Internacional representa el símbolo tangible de la voluntad de los gobiernos, dominicano y haitiano, de edificar conjuntamente obras de paz y progreso en el interés común de sus dos pueblos”.
El río Pedernales nunca ha tenido gran caudal. Pero antes de la “repartición igualitaria” de sus aguas para resolver el conflicto binacional, las “rigolas del gobierno”, La Piedra, La Roca, los canales primero, segundo y tercero, el canal de Negro Guiguí y el Los 30, que atravesaba Los Brujos, exhibían riqueza de agua, servían de balnearios no tan contaminados y resultaba más fácil el riego del valle de Los Olivares, cuatro kilómetros al este.
El conflicto ha estallado ahora en la provincia Dajabón, con el intento de derivación de las aguas del río Massacre o Dajabón por parte del gobierno haitiano.
Haítí es el escenario de un caos económico, político y social. Las protestas no paran; los secuestros, tampoco. Las pandillas y el narcotráfico tienen allí un reino. Casi toda su población (11 millones) vive en la indigencia. La oposición exige la renuncia del presidente Jovenel Moise.
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