Diputados bajo investigaciones penales figuran como precandidatos para procesos internos en sus partidos

Redacción/elCorreo.do

SANTO DOMINGO: A pesar de estar bajo la lupa de la justicia, cuatro diputados del Partido Revolucionario Moderno (PRM) inscribieron sus precandidaturas en busca de competir en las elecciones del 2024, según una crónica del periódico Diario Libre.

La publicación identifica a los congresistas con esa situación que oficializaron su decisión de competir en las próximas elecciones a Rosa María Pilarte (La Vega), Sergio Moya (Gory), del Distrito Nacional, Faustina Guerrero Cabrera (El Seibo) y Nelson Marmolejos Gil (Santiago), quienes tienen procesos abiertos ante la Justicia.

Estos señalados han sido vinculados en operaciones de narcotráfico y lavado de activos en las denominadas operaciones Falcón y Calamar, cuyos casos están en fase de instrucción en la Suprema Corte de Justicia (SCJ), debido a que gozan de inmunidad legislativa.

Marmolejos Gil y Guerrero Cabrera son acusados de formar parte de la presunta red de narcotráfico y lavado de activos, desmantelada mediante la operación Falcón, implicaciones que investiga un juez especial.

En ese caso, también fue involucrado el diputado perredeísta Héctor Darío Féliz Féliz, de Oviedo (Pedernales), quien igualmente busca repostularse en el cargo.

Conforme al Ministerio Público en la operación Falcón hay más de 30 personas involucradas, incluido a los tres diputados, bajo las imputaciones de pertenecer a una red de narcotráfico y lavado de activos que traficó al menos 2,500 kilos de cocaína a la semana hacia Europa, Estados Unidos y Puerto Rico desde el año 2012,

La pieza acusatoria resalta que como resultado de las alegadas acciones de la citada red, “el grupo logró realizar inversiones con dinero ilícito por al menos RD$10,000 millones”.

La sindicada organización fue desmantelada, tras la realización de más de 100 allanamientos en distintos puntos del país, en septiembre de 2021.

Tras la acusación, la Suprema Corte de Justicia designó al magistrado Napoleón Estévez Lavandier, como juez de instrucción especial para conocer el proceso contra los legisladores Marmolejo Gil, Guerrero Cabrera y Féliz.

En julio de ese mismo año lo habían designado para el caso de Pilarte López, a quien el Ministerio Público señala como parte de una alegada red de lavado de activos encabezada por su esposo Miguel Arturo López Florencio (Micky López), y a uno de sus hijos.

La organización a la que se vincula a los Pilartes supuestamente movilizó en el sistema financiero nacional más de RD$7,000 millones en los últimos años.

Mientras Moya fue señalado por formar parte de una estructura de extorsión a bancas de apuestas dentro de la Operación Calamar, en la que los delatores informaron que el legislador era uno de los coordinadores del esquema de extorsión a las bancas de lotería creado por el exministro de Hacienda, Donald Guerrero.

En otro aspecto, la reseña observa que la Constitución dominicana establece en su artículo 86, que ningún senador o diputado podrá ser privado de su libertad durante la legislatura, sin la autorización de la cámara a que pertenezca, salvo el caso de que sea aprehendido en el momento de la comisión de un crimen.

Al respecto, el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán, sostiene que apegado a las prerrogativas de la Ley 33-18 de Partidos Políticos, “por el hecho de que una persona esté sub júdice o que contra ella se presente una acusación, ello no lo inhabilita para presentarse como candidato en un proceso electoral”.

«La Ley de Partidos no contempla como requisito eso», apuntó al tiempo de señalar que corresponde a los partidos, eventualmente, como política interna establecer los requisitos y ver si ellos no chocan con la Constitución.

Hizo hincapié en que hasta tanto no haya una sentencia definitiva, la realidad es que cualquier persona puede presentarse como candidato o precandidato.