Panorama

Destino de RD$760 millones se convierte en manzana de discordia entre dos miembros CPJ

Redacción/elCorreo.do

SANTO DOMINGO: El manejo de RD$760 millones en el Poder Judicial es lo que mantiene enfrentados a los magistrados Fernando Fernández y Leonardo Recio Tineo, lo que ha llegado al punto de que el máximo órgano solicitó una investigación de las actuaciones de este último por sus denuncias contra el presidente Luis Henry Molina.

Recio Tineo denunció en el mismo Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) al magistrado Molina, presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), por supuesta prevaricación y otros señalamientos que incluyen abuso de poder y desfalco de RD$760 millones, en perjuicio del sistema de justicia y la democracia.

El magistrado Fernández, por su lado, informó que “esos fondos evidentemente que se sabe dónde están y quienes han denunciado participaron de las decisiones de qué se había hecho con ellos, inclusive antes de la actual composición del Consejo del Poder Judicial”.

Indicó que el Consejo del Poder Judicial depositó los RD$760 millones que recibió de la Jurisdicción Inmobiliaria en una cuenta para ejecutar el Proyecto de Gestión y Conversión de Documentos Judiciales Activos y en otra de corretaje en Inversiones Banreservas, en aras de mantenerlos en una inversión segura y maximizar su rendimiento.

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Además aseguró que no hay ninguna irregularidad en hacer una transferencia de  un capítulo a otro dentro de las cuentas del Poder Judicial.

“Esas actividades son muy propias de cualquier administración. Es un juego de cuentas, de manejo por necesidades y un cruce, donde se deja un rastro de cada movimiento y que va desde un estudio técnico, un estudio financiero, uno legal y luego sube al Consejo para que lo verifique, entienda la necesidad de mover recursos de una cuenta a otra y el propósito”, indicó Fernández.

Como aval de que se actuó con transparencia y corrección, Fernández presentó un informe jurídico-financiero de la Dirección Legal y la Dirección Financiera que dio luz verde para la solicitud de reembolso de fondos de la Jurisdicción Inmobiliaria el 5 de mayo de 2020.

Además, detalló que en el desarrollo de sus actividades, el CPJ le avanzó fondos a sus dependencias, entre ellas, la Jurisdicción Inmobiliaria, y manifestó que desde el año 2017 estaba pendiente el reembolso de los recursos que esa entidad recibió para cubrir el pago de los planes de Titulación Masiva, Base de Datos Históricos y de Ventanilla Express y Fortalecimiento.

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Dijo que en ese momento, la transferencia era por un monto de RD$147 millones y fue aprobada por el Consejo, que entonces dirigía el magistrado Mariano Germán, mediante el acta 11-2017.

Sin embargo, luego de una revisión hecha por Enmanuel Moreta Fermín y Patricia Díaz Mets, director legal y directora financiera de la institución, al sumar lo que se había acumulado en el tiempo, se determinó que el monto pendiente ascendía a RD$760,483,977.81, conforme precisó Ángel Brito, director general de administración y carrera judicial.

Dijo que Brito determinó que las cuentas están dentro del Poder Judicial y no hay ninguna irregularidad en esa decisión.

“Y, en segundo lugar, esos fondos se utilizan para proyectos del Poder Judicial, que quedan sujetos a la aprobación del Consejo del Poder Judicial, que es el órgano que tiene la competencia constitucional para administrarlos y decidir a cuáles proyectos los asigna”, dijo.

Fernández aclaró que el magistrado Molina no tiene facultad legal para tomar decisiones sin contar con la mayoría constitutiva.

“No hay forma que el magistrado presidente pueda hacer una aprobación por sí solo en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia ni en el Pleno del Consejo del Poder Judicial. Ambos son órganos colegiados y las decisiones se toman por mayoría de votos”, recalcó.

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Insistió en que cualquier solicitud, política, movimiento, incluyendo si se va a transferir fondos entre las mismas cuentas del PJ por alguna razón, tiene que autorizarlo el CPJ, luego de que las propuestas son presentadas, explicadas y sometidas a discusión.

Sobre el personal

El cuanto a la duplicidad de cambios en puestos directivos y la frecuente rotación en el personal, Fernández dijo que históricamente el Poder Judicial ha tenido un “dinamismo muy prolífico en términos de gestión humana”.

Señaló que el Consejo ha implementado políticas para mejorar la parte cualitativa de la gestión humana tomando en cuenta la impostergable necesidad de modernizar el sistema judicial de República Dominicana y que en el proceso se han detectado situaciones no muy positivas, entre ellas, gente que se rehúsa a adquirir las competencias profesionales que el propio Poder Judicial pone a su disposición.

“Hay movimientos casi mensualmente desde siempre porque el tamaño de esta institución lo amerita. Aquí hay alrededor de 8 mil servidores judiciales, incluyendo la seguridad”, comentó.

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