Desorden danilista de últimos días llevó a que Bolívar Sánchez, responsable en la PGR del espionaje telefónico a Miriam Germán, fuera cancelado dos veces

Redacción/ElCorreo.do

SANTO DOMINGO: No se sabe si fue por error, omisión o torpeza de algún funcionario del área jurídica, pero lo cierto es que al ex procurador adjunto Bolívar Sánchez lo cancelaron dos veces en menos de dos semanas, un caso pocas veces visto en la administración y que plantea una controversia por tratarse de dos decretos diferente, uno con beneficios y el otro no.

El sábado 22 de este mes, el Poder Ejecutivo emitió el decreto 382-20, firmado por el presidente Luis Abinader que derogó las designaciones de 7 procuradores adjuntos, entre los que figura Bolívar Sánchez, quien fue designado el 18 de agosto de 2004, mediante el decreto 882-04 y quien intervino el teléfono de la magistrada Miriam Germán cuando era jueza de la Suprema Corte de Justicia.

Empero, dos días antes de entregar el poder, el 13 de agosto, Danilo Medina firmó el decreto 224-20 que dispone la jubilación de  Sánchez, con una pensión de 157,500 pesos mensuales y que la misma sería otorgada al exfuncionario cuando este formalice su solicitud al Ministerio de Hacienda

Lo que ahora está por verse es cuál de los dos decretos se aplicará en su caso, si el de Medina, que lo pensiono de manera «honrosa» con $157 mil billetes mensuales o el que emitió el pasado sábado el presidente Abinader, que simplemente canceló el decreto que sustentaba su nombramiento, designando en su lugar a la magistrada Yeni Berenice Reynoso.

Un caso extraño

El exmagistrado Sánchez, pensionado con $157 mil 500 pesos mensuales, un monto muy superior a los demás pensionados con su mismo rango jerárquico en el Ministerio Público, jugó un papel clave en el esquema de intervenciones telefónicas dirigidas desde la Procuraduría General de la República, en su condición de director de la Inspectoría del Ministerio Público.

El exfuncionario judicial fue el responsable en marzo del pasado año en la intervención telefónica a la jueza presidenta de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Miriam Germán Brito, ahora procuradora general de la República.

Las “informaciones” recabadas posteriormente fueron utilizadas por el procurador Jean Alain Rodríguez para desacreditarla ante el Consejo Nacional de la Magistratura, cuando era evaluada por ese organismo.

Luego del escándalo desatado por el espionaje a la magistrada, Sánchez, por instrucciones superiores, y aunque admitió su responsabilidad en el hecho, explicó en una rueda de prensa que se había tratado de un error destacando que la solicitud de intervención se hizo en el marco de una investigación por narcotráfico, respetando el debido proceso, pero que el objetivo tenía un nombre distinto al de la ex jueza.

En caso de Miriam Germán, Sánchez alegó que en sus funciones como fiscal realizó un sinnúmero de investigaciones, en el transcurso de las cuales solicitó cientos de autorizaciones de intervenciones telefónicas sin tener que informar al procurador Rodríguez, el que dijo que desconocía ese caso y actuaciones en la referida investigación.

En esa ocasión Sánchez dijo que el número de teléfono intervenido, coincidió que la línea de un presunto narcotraficante que investigaban, con doble identidad falsa, que presuntamente había construido la villa de la magistrada Germán y que uno de los números intervenidos pertenecía a la entonces jueza. La supuesta villa resultó ser una modesta casa en San José de Ocoa.

“Fue una coincidencia que se tratara del número de Germán Brito”, apuntó Sánchez, subrayando que cuando se descubrió que el número correspondía a la magistrada, decidió no ejecutar dicha orden de intervención, por lo que nunca recibió ningún tipo de información, ni registros de llamadas.

¿Quería irse?

Personas del entorno íntimo de Sánchez han restado importancia a los rumores «maldadosos» sobre de su supuesta jubilación anticipada, afirmando que fue el propio ex magistrado quien, agotado por un largo ejercicio de años, solicitó su pensión porque entendía que había cumplido el tiempo reglamentario.

Sin embargo, esa petición fue rechazada por el Consejo Superior del Ministerio Público, a solicitud del procurador Rodríguez, quien pidió mantenerlo en el cargo debido a que era “un hombre de su confianza” y debido también a lo delicado sus funciones como investigador, propuesta fue acogida por el órgano que rechazó pensionarlo.

Posteriormente, en agosto del 2019, Sánchez le envió una carta al entonces presidente Medina, en la que expresaba que tenía más de 30 años como servidor público, los últimos diez como inspector general del Ministerio Público y que “los hombres deben estar listos para saber cuándo es el momento para dar paso al relevo”, dejando claro su interés de retirarse.

De ser cierta esa teoría, su deseo se cumplió del 13 de agosto pasado, cuando el Poder Ejecutivo emitió el decreto 224-20, mediante el cual dispuso la jubilación del veterano investigador vía la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones a cargo del Estado, con una buena proporción del sueldo de 250 mil pesos que devengaba, más los gastos de representación comparándola con la que recibe la inmensa mayoría de los empleados del Estado cuando son pensionados.