Redacción/ElCorreo.do
SANTO DOMINGO: El anuncio del presidente electo, Luis Abinader, en el sentido de que designará un procurador general independiente, ha generado las mayores expectativas que se hayan producido en los últimos 50 años en torno a un funcionario que estaría llamado a enfrentar lo valentía el aluvión de casos de corrupción que se adelanta.
El mandatario que asumirá este domingo abrió las puertas a una perspectiva de respuesta a los casos de corrupción que se atribuyen al Gobierno del presidente saliente, Danilo Medina, por lo cual ese alto cargo asumirá con un enorme compromiso.
Desde aquella famosa y única figura del Fiscal Nacional que se constituyó a raíz del ajusticiamiento del tirano Rafael L. Trujillo y que recayó en la persona del doctor Rafael Valera Benítez, sólo el ministerio público del regreso del presidente Joaquín Balaguer en 1986, había despertado tanto interés como ahora.
La designación del nuevo procurador general de la República es un tema que mantiene la atención de diversos sectores de la sociedad, basado en la promesa de campaña hecha por el candidato triunfador, Luis Abinader, de designar un “independiente” para ocupar el cargo.
Desde que Abinader inició con las designaciones para su Gobierno que se inaugura este domingo 16, han “llovido» las propuestas y los perfiles de quién puede sustituir a Jean Alain Rodríguez.
Al respecto, el próximo consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta Romero, reveló que han recibido muchas propuestas para ocupar la procuraduría general de la República, entre ellas las de Miriam Germán, Enmanuel Esquea Guerrero, Yeni Berenice Reinoso, Jorge Luis Polanco y el juez José Alejandro Vargas, entre otros.
Después del ajusticiamiento de Trujillo, la designación de un procurador general de la República siempre ha despertado gran expectación, porque cada vez ha habido casos pendientes de que se aplique justicia a los responsables de cometer graves delitos.
Caso hermanas Mirabal
Al respecto pueden citarse varios casos, como el juicio iniciado en junio de 1962, a los acusados de la autoría material el crimen de Estado contra las hermanas Minerva, Patria y María Teresa Mirabal y su compañero ideológico Rufino de la Cruz.
Como Fiscal Nacional actuó el doctor Valera Benítez, y como juez de la instrucción el doctor Ambiorix Díaz Estrella contra los acusados Ciriaco de la Rosa, Alfonso Cruz Valerio, Emilio Estrada Malleta, Ramón Emilio Rojas Lora y Néctar Antonio Pérez Terrero. Fueron condenados a la pena máxima de 30 años de prisión, excepto de la Rosa, que recibió 20 años.
La derrota de Balaguer
También creó esperanza de justicia la llegada al poder del presidente Antonio Guzmán Fernández, luego de vencer en el tercer intento de reelección del presidente Joaquín Balaguer.
Uno de sus primeros decretos fue la designación como Procurador Fiscal del Distrito Nacional, (“fiscal del pueblo”), doctor Julio Ibarra Ríos, atendiendo el clamor popular en ese sentido, para lograr la libertad de pesos políticos y el retorno de exiliados, con el equipo de asistentes que se hizo nombrar, entre estos Carmen Imbert, Ligia Minaya y Miriam Germán.
Ibarra Ríos también emprendió acciones contra ex funcionarios balagueristas, aunque en la dirección de recuperar propiedades que se había adjudicado.
Acusaciones a Jorge Blanco
Otra gran expectación se produjo con la derrota del PRD en 1986 y el retorno al Palacio Nacional de Balaguer, luego de que el abogado Marino Vinicio Castillo presentara un expediente acusatorio, el que fue acogido por el fiscal del Distrito Nacional, Prim Pujals Nolasco.
La entonces jueza de la instrucción de la Séptima Cámara Penal del Distrito Nacional, María Concepción Martínez Drullar (Conchita), interrogó al expresidente Salvdor Jorge Blanco, contra quien dictó orden de arresto, la que no se ejecutó porque el saliente mandatario se refugió en la residencia del embajador de Venezuela, de donde salió a ser recluido en la clínica Gómez Patiño y allí a un hospital en Atlanta, Estados Unidos.
Las acusaciones fueron de malversación de fondos públicos contra el presidente Jorge Blanco y sus principales funcionarios provocándole un infarto al ex gobernante.
Dos años después, el 16 de noviembre de 1988, estando recluido en un centro hospitalario de Atlanta, en un juicio kilométrico y televisado, Jorge Blanco fue condenado en contumacia por el juez Juan María Severino a 20 años de prisión y al pago de 100 millones de pesos.
A su regreso fue ingresado en la entonces Cárcel Preventiva del Ensanche La Fe, en la capital de la República.
El protagonista de ese proceso en el ámbito persecutorio fue el ahora senador Pujals Nolasco, debido a que el procurador general de la República, doctor Julio César Castaños Espaillat, mantuvo un rol pasivo, quizá por instrucciones del presidente Balaguer.
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