Redacción/elCorreo.do
SANTO DOMINGO: La Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), cuya capacidad operativa ha sido desbordada por numerosos procesos inconclusos del Gobierno pasado, anunció haber iniciado la revisión del contrato para el sistema de semáforos en la capital de la República.
Está apoderada del informe sobre «los vicios» hallados por la Dirección General de Compra y Contrataciones (DGCC) en el contrato del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) con la empresa Trancore Latam.
El documento fue entregado por el director de la DGCC, Carlos Pimentel, al titular de la Pepca, Wilson Camacho, quien informó que se encuentran en el cotejo y verificación de los datos contenidos en el expediente.
«En este momento estamos revisando y analizando los documentos», respondió de manera escueta el funcionario judicial, quien sostuvo que para cualquier sometimiento debe agotarse «el ciclo de la investigación», por parte de ese departamento del Ministerio Público.
La empresa ganadora de la licitación es Transcore Latam, cuyos actos «administrativos emitidos por el Comité de Compras y Contrataciones del Intrant, según la CDCP, adolecen de los mismos vicios que afectan su validez», fundamentados en los informes señalados.
En rueda de prensa realizada el pasado lunes, Pimentel anunció que había concluido el proceso de investigación de dos de las denuncias presentadas contra la licitación y expuso los hallazgos a los medios de comunicación.
La contratación del servicio de modernización, ampliación, supervisión y gestión del Sistema Integral del Centro de Control de Tráfico y la Red Semafórica del Gran Santo Domingo con Transcore Latam se hizo por un monto de RD$1,317 millones, pese a que el proceso contemplaba inicialmente un monto de 1,200 millones.
Entre las irregularidades detectadas por la DGCC se citó indicios de falsificación de documentos, composición accionaria difusa, movimientos sospechosos de accionistas, entre otros.
«Ese fenómeno apunta a prácticas que buscan deliberadamente ocultar la identidad de la persona o entidad que se beneficia finalmente de las operaciones», dijo Pimentel.
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