Definen a Jean Alain Rodríguez como «el arlequín principal» del melodrama Odebrecht

Redacción/elCorreo.do

SANTO DOMINGO: Una de las muchas razones por las cuales el llamado Caso Odebrecht fue visto desde sus inicios como una vendetta política, ha sido la forma como el entonces procurador general, Jean Alain Rodríguez, condujo la investigación, los arrestos, acusaciones y exclusiones de los encarados.

Durante los años que lleva en los tribunales, han ocurrido hechos increíbles, propios de un guion de película en el que se procura ocultar evidencias cuando perjudica un allegado o magnificarla contra el alejado.

El procurador enfrentó de manera puntual a la entonces jueza de la Suprema, Miriam Germán Brito, Ángel Rondón, señalado como la vía para realizar el soborno, Víctor Díaz Rúa, encargado de finanzas de su partido, el PLD y muchos otros investigados.

Como resultado de este accionar, ahora el ex funcionario judicial denuncia estar entre los alegados planes homicidas de Rondón y Díaz Rúa, a través de una carta enviada al presidente Luis Abinader en esa dirección.

El exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, dijo temer por su vida ante una serie de amenazas públicas que ha recibido por parte de imputados en el caso Odebrecht.

En la misiva Jean Alain afirma que sus presuntos amenazantes “han dicho abiertamente, y en medios de comunicación”, su intención de agredir y hasta asesinarlo, poniendo al tanto de esas amenazas además al Departamento de Estado y la Justicia de los Estados Unidos de América, así como a la Oficina de Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH).

Llamó a la atención que la carta no fuera enviada a la Procuradora General de la República, Germán Brito, lo que justificó indicando que lizo porque la funcionaria, cuando era jueza de la SCJ, presentó formal inhibición para tratar cualquier asunto relacionado con el expediente relativo a las personas procesadas en el caso Odebrecht.

Es el más reciente episodio, teniéndose que no el último, de una comedia montada en un hecho detestable como la corrupción administrativa, para favorecer y perjudicar, dependiendo de los afectos.

El emblemático caso

Cuando el Departamento de Justicia de EE.UU. reveló el 16 de diciembre de 2016 de la admisión por parte de la constructora brasileña Norberto Odebrecht de haber pagado sobornos por US$788 millones en 12 países de 2001 a 2016, la República dominicana fue incluida.

Al menos en el país, fue tema de comentarios “la suerte” de Odebrecht para ser seleccionada para que se le adjudicara la construcción de las principales obras en el indicado periodo.

Se afirmaba a “sottovoce”, que el secreto consistía en presentar cotizaciones muy por debajo del costo real, para en componenda con lobistas, legisladores, funcionarios y empresarios locales, elevarlo mediante adendas.

Justo ese 16 de diciembre, el Ministerio Público dominicano anunció el inicio de una investigación al respecto, con la promesa de que actuaría con toda responsabilidad contra los involucrados.

El procurador general de la República convocó a los medios de comunicación para informar que hasta ese momento, “aún no hemos recibido información por una vía oficial”.

El 26 de diciembre, la PGR anunció haber recibido la documentación e información para abrir un proceso formal contra la compañía y sus representantes en el país.

Y ya el 10 de enero de 2017, el organismo dijo haber citado el gerente comercial local de Odebrecht, Marcelo Hofke, al que atribuyó haber declarado que la empresa no pagó sobornos a empresarios locales, “pero que sí entregó US$92 millones al empresario Ángel Rondón para ser beneficiada con la adjudicación de obras públicas en este país”.

Al día siguiente, Rondón fue llamado a comparecer ante la PGR y allí aseguró, según el organismo acusador, que había recibido esa cantidad de dinero entre el 2001 y el 2014, “pero en calidad de pago por sus servicios como representante comercial de la empresa brasileña”.

La PGR informó el 16 de enero que el abogado de Hofke entregó documentos que, “avalan por qué Rondón había recibido el dinero”, al tiempo de solicitar a la Dirección de Compras y Contrataciones “inhabilitar temporalmente a Odebrecht en todo proceso de licitación pública”.

De manera sorpresiva, el día 24 la PGR anunció haber llegado con Odebrecht a un acuerdo mediante el cual la empresa se comprometió, como primera medida, a pagar US$184 millones, el doble de los sobornos reportados que la constructora había admitido haber pagado a cambio de licitaciones y a colaborar con las investigaciones judiciales locales.

El acuerdo fue enviado para su homologación jurídica ante el juez coordinador de los juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, José Alejandro Vargas.

Así, el 20 de febrero Jean Alain, aseguró en una rueda de prensa, que República Dominicana obtendría “de primero”, la información brasileña en virtud del acuerdo con Odebrecht.

El 27 de febrero, el entonces presidente Danilo Medina rompió su silencio en torno al tema, pero este día, al comparecer ante la Asamblea Nacional, advirtió que todos los funcionarios involucrados en los sobornos de Odebrecht serían llevados ante la justicia.

De manera solemne y convencido dijo al país que en su gobierno “no existen vacas sagradas ni existirán, mientras yo sea el presidente de la República”.

Sin embargo, el 1 de marzo el juez Vargas declaró inadmisible el acuerdo entre la PGR y Odebrecht por no estar bien “fundamentado”.

El 6 de marzo, aunque el expresidente de la República, Hipólito Mejía, dijo desconocer sobre los contratos firmados para obras públicas por parte de esa empresa en el gobierno que dirigió entre los años 2000 y 2004.

En ese sentido, expresó que si se refería al tema, era por su envergadura y la grave situación del entramado de corrupción por soborno que enfrenta la firma constructora.

Los allanamientos

Con una fanfarria innovadora, la PGR confirmó rueda de prensa, la mañana del 29 de mayo, que se habían ejecutado las órdenes de arresto contra 14 exfuncionarios en el marco de la investigación por los sobornos pagados por la Odebrecht.

Y los acusados fueron…

– Víctor Días Rúa, exministro de Obras Públicas

– César Sánchez, exvicepresidente de la CDEEE

– Andrés Bautista, expresidente del Senado

– Ruddy González, exdiputado

– Ángel Rondón, empresario y lobista

– Roberto Rodríguez, exdirector de INAPA.

-También, el ingeniero Bernardo Castellanos, quien se encontraba en Panamá

Con cámara y más 

El despliegue policiaco-militar que acompañó a los fiscales se presentaron con camarógrafos y fotógrafos a las viviendas de los investigados, como para que queda constancia de la afrenta cometido o no por acusados.

En las imágenes captadas se vieron los detenidos esposados y en ropa informal, mientras eran introducidos a los vehículos para ser trasladados a la cárcel donde serían interrogados.

Desde luego, esa acción violatoria de los elementales derechos ciudadanos, recibió el rechazo colectivo y permanente de la colectividad.

El 7 de junio, el juez de la instrucción especial de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco, dictó prisión preventiva contra 10 implicados en el caso. Rondón, representante comercial de Odebrecht en el país, recibió una medida de coerción de 12 meses, mientras a Díaz Rúa y Pittaluga, se les dictó nueve meses. Para Montas, Bautista y Gonzales, se les impuso seis meses respectivamente.

Mientras, a los legisladores Galán Grullón, Valentín, y Pacheco, se les impuso una fianza de RD$5.0 millones, presentación periódica e impedimento de salida del país.

El vedetismo de Jean Alain

En los tres meses siguientes al estallido del escándalo, Jean Alain fue la estrella principal en comunicados, ruedas de prensa oficiales y encuentros con los medios, en las que se informaron las labores en curso, particularidades del proceso investigativo y penal del caso Odebrecht.

Como para poner un velo de dramatismo, el pasado procurador general informaba que algunos de los detalles sobre los hallazgos serían revelados “de manera oportuna y estratégica, para evitar entorpecer la investigación”.

También en reiteradas ocasiones garantizó que serían sometidos los implicados, ya que prevalecía un compromiso “de llevar la investigación hasta sus últimas consecuencias, con todas las herramientas que otorga la ley, a fin de procesar a todos los responsables de las acciones criminales que haya cometido Odebrecht en la República Dominicana”.