Redacción/elCorreo.do
SANTO DOMINGO: El jurista Carlos Balcácer, hablando a nombre de la barra defensora del ex Procurador Jean Alain Rodríguez, denunció que el Ministerio Público busca con la acusación contra su patrocinado “minimizar el mayor legado de transformación al sistema penitenciario nacional, iniciado por su cliente”.
Sostuvo que muestra de ello es la ratificación, por la actual gestión, con pagos adicionales superiores a RD$220 millones, “no contemplados ni justificados a la fecha, a una obra que luego abandonaron dolosamente y cuya eventual responsabilidad por daños y reclamos, le corresponde a este gobierno”.
Recordó que el gobierno del presidente Luis Abinader, en diciembre del 2020 aumentó y pagó 220 millones a los contratistas sin conocida justificación, “los cuales se perdieron por el doloso abandono, generando muertes y un incontrolado tráfico de drogas en las cárceles”.
A juicio de Balcácer, en esa ocasión, la Procuradora General de la República “Miriam Germán Brito ratificó y aumentó hasta en 60 millones de pesos, cada contrato de obra de la Cárcel La Nueva Victoria, estipulando como última fecha de entrega el mes de marzo del año 2021”.
“De hecho y como ejemplo”, añade, “la empresa Remix Rotilla, entregó -y esta gestión recibió- a total satisfacción, hace más de dos años, todos los edificios de celdas, dispensarios médicos, iglesias, comedores, casetas de seguridad, planta eléctrica, accesos y áreas exteriores completamente equipados”.
Consideró que pese a eso, “resulta un obtuso desatino que no hayan puesto en funcionamiento esas instalaciones y las abandonen, mientras en la actual (Penitenciaría Nacional) de La Victoria, decenas de personas han perdido sus vidas al amparo del narcotráfico”.
Respecto a este último aspecto, apuntó que el narcotráfico tiene un alegado control absoluto, “que hasta ha llevado a que la Procuradora General tenga que mudarse de su acostumbrada vivienda a una desconocida”.
“De haberse continuado el proyecto penitenciario de la gestión del ex procurador, no hubiese existido espacio para que fenómenos de la naturaleza que hoy embarga la Procuradora, se hubiesen realizado”, expresó el Balcácer.
De su lado, expresó, Gustavo Biaggi Pumarol, observó que la acusación no ha podido contradecir que en las licitaciones participaron cientos de empresas y que las obras fueron adjudicadas a las de mayor prestigio con las ofertas más económicas.
“La PEPCA ha tirado a la basura cerca de RD$6,000 millones, permitiendo que se roben todos los equipos que allí estaban”, significan, aunque entienden que al parecer esos cuestionados “son subsanables”, cuando lo realizan los nuevos funcionarios designados por decreto”, dijo.
Conforme a la exposición de la abogada Nelys Rivas, la Nueva Victoria estaba lista para recibir 3,000 internos y equipada en su primera fase con más de 200 agentes, un penal dotado con sistema de agua, energía y generadores eléctricos, decenas de vehículos, motocicletas y autobuses.
En su interior tiene capacidad para 35,000 camas y colchones, sistema de comunicación y seguridad, miles de cámaras de video y computadoras, cocinas y sus enseres, estación de bomberos equipada, 12 caniles de ataque y detección de drogas, biblioteca equipada con más de 30,000 libros.
Por igual, 20 canchas de basquetbol, cuatro estadios de pelota, pista olímpica, gimnasios equipados, naves industriales y talleres para escuelas vocacionales, ocho iglesias completamente amuebladas, tribunales y centros de atención de la salud con sus equipos, uniformes y vestimenta para 8,700 privados de libertad.
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