Panorama

Deciden mantener arresto domiciliario a general Torres Robiou, imputado en expediente Coral 5G

Redacción/elCorreo.do

SANTO DOMINGO: La Tercera Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional ratificó este lunes el arresto domiciliario del exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), general Juan Carlos Torres Robiou, vinculado a hechos de corrupción administrativa en el expediente de las operaciones Coral y Coral 5G.

Los fiscales litigantes Jonathan Pérez y Miguel Collado, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, solicitaron mantener a Torres Robiou la medida de coerción de arresto domiciliario, grilletes electrónicos e impedimento de salida del país, logrando que la petición fuera acogida por los jueces del tribunal de alzada, Pedro Sánchez Rivera, Nancy Joaquín y July Tamariz.

Los jueces adoptaron la decisión al desestimar un recurso de apelación incoado por el acusado por intermedio de su defensa a la decisión de 30 del mes de enero del año 2024, dictado por el Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Distrito Nacional, al establecer que no han variado las circunstancias que dieron lugar a la misma.

El fiscal Jonathan Pérez dijo que el tribunal mantuvo la medida de coerción en contra de Torres Robiou porque no hay circunstancias nuevas ni presupuestos nuevos que pudieran hacer variar la medida de coerción impuesta.

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Al valorar la decisión del tribunal, Pérez expresó “el Ministerio Público entiende que fue coherente con las decisiones que ha dado previamente esta Sala. Entendemos que fue una buena decisión”.

Al general de la Fuerza Aérea Dominicana, Juan Carlos Torres Robiou, se le atribuye formar parte del entramado corrupto militar que operó en varias instituciones del Estado y que fue desmantelado por el órgano persecutor en el año 2021, bajo la operación Coral 5G, derivada de la Operación Coral.

Durante la operación, además, fueron apresados y son procesados miembros de la Policía Nacional, órganos castrenses, y otras personas implicadas, igualmente, en hechos de corrupción administrativa.

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