Redacción/elCorreo.do
SANTO DOMINGO: Una opinión generalizada considera que lo mejor que ha hecho el presidente de la Cámara de Cuentas, Hugo Álvarez Pérez, ha sido su anuncio de que pondrá su cargo a disposición del Congreso Nacional, una actitud que deberían de imitar los demás miembros titulares, quienes en cierta forma “se ganaron” las sospechas que se generó contra ellos.
En su reciente mensaje al país, el presidente Abinader afirmó que la Cámara de Cuentas responde a los intereses del PLD, y que ese este es “parte de su blindaje”, por lo que considera “sus miembros ya deberían haber renunciado”.
Además, recordó que ese órgano, en su calidad de auditor y fiscalizador de los fondos públicos, “nunca ha auditado a fondo ni en serio a ninguna institución pública”.
La CC siempre en la mira
Durante los más de cuatro años de ejercer sus funciones, los actuales titulares han sido objeto de cuestionamientos y críticas por distintas razones, llegándose incluso a solicitarse su sustitución, sin que ninguno se diera por aludido.
El sector opositor que ahora gobierno, junto a la sociedad, obreros sindicalizados, así como grupos políticos minoritarios, unieron sus voces para calificarlos de “maquilladores de auditorías”, para favorecer organismos gubernamentales señalados como culpables de incurrir en indelicadezas en la administración de fondos públicos.
También se les cuestionó que la cúpula aumentará sus sueldos, cuando se aprobó el presupuesto que reclamaron, bajo la excusa de que se destinaría para contratar más personal y así agilizar las verificaciones del uso adecuado en las instituciones estatales.
Ese proceder, dio origen a serias advertencias de que serían sometidos ante la Cámara Diputados para luego ser enjuiciados por el Senado, bajo la acusación de accionar “con escasez de ética”.
Pero no sólo esta dirección de la CCRD ha sido señalada con el dedo acusador, sino casi todas las anteriores, con escasas excepciones, recordándose de manera especial lo ocurrido en enero de 2007.
En ese tiempo, el pleno se aumentó el sueldo y sus miembros pasaron de cobrar de RD$300,000 a más RD$600,000 al mes. Su presidente era el licenciado Andrés Terrero, quien posteriormente aclaró que se opuso a esa medida, “pero los demás impusieron”.
Como era de esperarse, tan pronto fue hecho público tan abismal aumento salarial, surgieron las críticas, y la medida fue dejada, pero cinco meses después, agravando el rechazo contra todos.
Juicio político
La situación alcanzó tal deterioro, que el pleno de la CCRD fue enjuiciado por violar las leyes 10-04, de la Cámara de Cuentas, la 41-08, de Función Pública, y la 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas.
De manera específica se les enjuició por incurrir en “una lucha de intereses que desarrollaron en el manejo de las auditorías, distribución irregular de cargos en la institución, círculo de nepotismo y compras irregulares sin las licitaciones adecuadas”.
El resultado, como se esperaba, todos serían sustituidos, pero antes de emitirse el fallo, Terrero y los miembros del pleno (Henry Mejía, José A. Maceo, Juan Adalberto Lora Ruíz, Freddy Almonte Brito, Luis Yépez Suncar, José Altagracia Gregorio, Ulises de Beras de la Cruz y Alcides Benjamín) optaron por renunciar de sus cargos.
La nueva dirección fue estructurada de inmediato, con la ya fallecida Licelott Marte de Barrios, la que fue un poco más “cuestionante de las cosas males” que se encontraban en la casi totalidad de las auditorías realizadas.
Nuevos miembros
Es así como luego de renovarse el pleno directivo del organismo, se designó al actual (aunque ha anunciado su dimisión por los señalamientos del presidente Abinader) director Hugo Álvarez Pérez.
También este mandato se produjo un escándalo (en marzo de 2017), es decir, casi desde que fue instalado, debido ¡otra vez!, a la solicitud de un aumento salarial sin justificación sin ofrecer las justificaciones que la sustentara.
El pedido aumento procuraba que el sueldo del titular del pleno fuera en vez de 350,000 pesos mensuales, de 423,500 y a los restantes miembros (Pedro Ortiz Hernández, Carlos Tejada, Félix Álvarez Rivera y Margarita Melenciano Corporán), sus salarios pasaran a 379,097 pesos.
Como antes, la presión ciudadana surgió al enterarse, lo que motivó a Álvarez Pérez a escribir “una carta explicativa” justificó, al presidente de la Cámara de Diputados en ese momento, Rubén Maldonado, indicando que no se hicieron un aumento salarial, sino que aplicaron “un tabulador salarial instituido mediante una resolución del 2013, es decir con el pleno pasado”.
Citó al respecto la resolución ADM-2013-012, mediante la cual se aprobó la aplicación de la política salarial “para todos los recursos humanos, funcionarios y servidores públicos de la Cámara de Cuentas”.
Se basó “en la equidad interna, competitividad externa y capacidad económica, de conforme de tabulador escala salarial”.
El Congreso aprobó aumentar el presupuesto de la institución partiendo de que debía auditar las obras asignadas a la constructora brasileña Odebrecht, pero posteriormente surgió otro escándalo por alegadamente destinar millones de pesos en “almuerzos, bebidas, cigarros de marcas, restaurantes, tarjetas de crédito y donaciones”.
Los gastos en francachelas fueron tan altos que sólo en la compra de finos cigarros invirtieron RD$73,475.00.
