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Creen próximo Gobierno “se dará banquete” con casos de corrupción; sectores no quieren “borrón y cuenta nueva”

Redacción/ElCorreo.do

SANTO DOMINGO: Todavía retumban en los oídos del pueblo las palabras pronunciadas en 1982 por el líder y fundador del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), profesor Juan Bosch, cuyas enseñanzas éticas fueron ignoradas por completo.

“Los dominicanos saben muy bien que si tomamos el poder no habrá un peledeísta que se haga rico con los fondos públicos; no habrá un peledeísta que abuse de su autoridad en perjuicio de un dominicano; no habrá un peledeísta que le oculte al país un hecho incorrecto o sucio o inmoral”, proclamaba el viejo intelectual y político, referente ético por excelencia.

Los acontecimientos inadecuados que han estado saliendo a la luz pública en los últimos días presagian que a no pocos funcionarios de la actual administración les espera un trajinar a los estamentos judiciales que rememorarán lo ocurrido en 1986, con el retorno al poder del fenecido presidente Joaquín Balaguer.

Ya se escuchan acusaciones que gran parte de la población denunciaba, pero los órganos llamados a investigar los hechos voltearon la cara como si no escuchaban ni veían.

Al ambiente de requerimiento de persecución de denuncias –reales o no- que están pendientes de averiguar y sancionar, Estados Unidos acaba de llamar a los sistemas judiciales de Latinoamérica a “tomar acción contra quienes hayan aceptado sobornos” para contrataciones públicas.

Ese “llamado”, hecho a través del subsecretario de Estado interino para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak, constituye en estos momentos un “pie de amigo” para las nuevas autoridades que se instalarán el domingo 16 de agosto.

Según analistas políticos y “entendidos en asuntos estadounidenses”, el pronunciamiento en esta dirección de la cercana potencia mundial fortalece las expectativas levantadas por el partido y candidato ganador de las elecciones.

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Bajo la premisa de que “la corrupción sigue frenando el desarrollo y la prosperidad en la región”, EEUU justifica su observación acerca del problema mundial que implica la indelicadeza en el manejo de los fondos públicos.

“Durante años hemos trabajado con socios en la región para intentar mejorar las oportunidades y la prosperidad de los pueblos, invertido miles de millones de dólares en programas de desarrollo, pero lo que encontramos es el mayor retraso al avance de las sociedades es la corrupción”, sostuvo Kozak.

El funcionario explicó en una entrevista con la Radio Panamá, que desde la década de 1970 está vigente en EE.UU. la “ley contra las prácticas corruptas en el extranjero, que hace que sea ilegal que cualquier compañía de EE.UU. pague sobornos o que se involucre en ese ti­po de actividades”.

Odebrech

Como sustento de su actual preocupación, EEUU los sobornos que se atribuyen a la constructora brasileña Odebrecht, expresando que constituye “un buen ejemplo de por qué la corrupción no es bue­na idea”.

Odebrecht fue condenada en 2017 por un juzgado estadounidense a pagar una multa de US$2,600 millones por el escándalo de los sobornos a funcionarios de 12 países de Latinoamérica y África.

A finales de 2017 salió a la luz pública internacional un documento del Tribunal Federal Supremo de Brasil que reveló el motivo por el cual la empresa Odebrecht trasladó a República Dominicana el departamento de pagos de coimas o sobornos (“propinas) fue la seguridad que le ofrecía el país para este tipo de operaciones.

“A Marcelo Odebrecht le preocupaba la seguridad empresarial para realizar las operaciones de soborno, y República Dominicana le aseguraba eso”, reza el documento.

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Explica que el departamento de “Operaciones estructuradas” fue trasladado a la República Dominicana en el segundo semestre de 2014, y que los ejecutivos Luiz Eduardo Soares y Fernando Migliaccio, establecidos en Miami, Estados Unidos, viajaban todas las semanas a Santo Domingo para trabajar.

Pero los responsabilizados de recibir pagos por viabilizar la aprobación de contratos fueron muy pocos y escogidos, con rasgos políticos variopintos.

Fonper 

El Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), institución que fue acusada de corrupta por el presidente electo Luis Abinader, operó en 2019 con un presupuesto de RD$4,200 millones, a pesar de que no se registró en qué se invirtió este monto, de acuerdo a un informe especial preparado por Oxfam Internacional.

Afirmó que “buena parte” de ese dinero fue utilizado para beneficiar a políticos, funcionarios, a otras instituciones del Estado, legisladores y las aspiraciones a la alcaldía de Santiago del presidente del Fonper, Fernando Rosa, sin justificación.

Obras Públicas

La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) aclaró este jueves que sí envió a tiempo a la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig) la investigación sobre los procedimientos de excepción por exclusividad hechos por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) para la contratación de hormigón asfáltico caliente (HAC).

En un comunicado que publicó en su página web, Contrataciones Públicas, además de hacer la aclaración, colgó los resultados del análisis a los procesos de compras de Obras Públicas durante la gestión de Gonzalo Castillo, excandidato presidencial del PLD.

La OMSA

Uno de los grandes escándalos de corrupción de los gobiernos del PLD, fue el de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) por el cual guardaba prisión el ex director, Manuel Rivas, y el ex director financiero Faustino Rosario, luego del asesinato del abogado y profesor Yuniol Ramírez, quien supuestamente habría amenazado con sacar a la luz los casos de corrupción que ocurrían a lo interno de esa institución.

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Aduanazo

En el 2010 explotó en Santiago de los Caballeros, el caso conocido como el Aduanazo I,  donde seis personas fueron sometidas a la justicia por el caso de corrupción de RD$ 100 millones, en los almacenes de Aduanas, Almadela y Now Logistic.

Adalberto Rosa  Rosario, hijo del ex diputado Adalberto Rosa, fue condenado a dos años de prisión, en tanto que Gibrand Abukarma Martínez  y José Rafael Marte, fueron condenados 5 y  8 respectivamente. Herald Estévez Peña, Miguel Ángel de Jesús Lazala y Héctor Manuel García, fueron los descargados.

Punta Catalina

El Comité Nacional de Lucha contra el Cambio Climático, CNLCC, acusó al Tribunal Constitucional de denegar justicia para favorecer la impunidad de la corrupción cometida por Odebrecht y sus socios en la licitación, concesión, contratación y construcción de las plantas de carbón de Punta Catalina.

El Comité informó que el comunicado número 76/18 del 10 de diciembre de 2018 del Tribunal Constitucional, subido en la Página Web de este alto tribunal el dispositivo de la sentencia referente al Expediente TC-01-2017-0004, la cual declara inadmisible la acción directa de inconstitucional contra Decreto 6-17 interpuesta por el CNLCC, “en razón de que la misma carece de objeto”.

Faltan por citar decenas de casos de malversación, los que posiblemente el nuevo Ministerio Público se encargará de “desempolvar” y darle curso ante los tribunales de la Republica.

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