La posibilidad de que el Estado venda al sector privado la mitad de las acciones de la termoeléctrica Punta Catalina es remota, en caso de que la operación tenga que ser aprobada por el Congreso Nacional.
En las actuales condiciones, el presidente Danilo Medina no dispone de los votos para la aprobación de una transacción de esa magnitud, ya que tiene en contra a los legisladores de los partidos Revolucionario Moderno (PRM), Reformista Social Cristiano (PRSC) y Fuerza del Pueblo (FP) con sus respectivos aliados.
Así las cosas, sólo aprobarían la operación los legisladores del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y aliados, insuficientes para una sanción favorable.
Este lunes, la Fuerza del Pueblo manifestó su oposición a que el Estado venda al sector privado el 49% de las acciones de Punta Catalina 304.78 millones de dólares.
Ya antes lo había hecho el candidato presidencial del PRM, Luis Abinader, quien advirtió al Gobierno no embarcarse en la operación que considera lesiva a los intereses nacionales.
A través de su dirigente y ex presidente de la Refinería Dominicana de Petróleo (Refidomsa), Francisco Méndez, manifestó que el mecanismo de ingeniería contable y financiera utilizado por la venta de Punta Catalina “no garantiza los mejores intereses del pueblo dominicano, propietario absoluto de estos activos”.
Dijo que la transacción anunciada “parte de premisas incorrectas”, presentadas por el Ministerio de Hacienda con fines políticos y particulares.
Precisó que “el valor en libro de 2,372.9 millones de dólares no recoge el pasivo contingente de los 708 millones reclamados por el consorcio liderado por Odebrecht, como sobrecostos incurridos en la ejecución de la obra”, los que se encuentran en un proceso arbitral en una corte de la ciudad de Nueva York”.
Agregó que fue por ese reclamo que el gobierno dominicano se vio obligado a especializar un fondo contingente de 336 millones de dólares para terminación de la obra, y es altamente probable que dicho litigio sea fallado en contra del país en su totalidad o una porción significativa.
Observó que estos sobrecostos alteraron el precio de la obra, los que solo podían ser aprobados por la vicepresidencia ejecutiva de CDEEE, de acuerdo al artículo 9.1.5 del Contrato de Ingeniería y Procura (EPC, No.101/14), aprobado por el Congreso Nacional y por el poder especial número 57-14 del presidente Danilo Medina.
Somos un medio independiente que asume un compromiso con la libertad de expresión, la transparencia y el acceso a la información de los ciudadanos.
