Colaboración/elCorreo.do
PERSPECTIVA: En la extensa y pormenorizada exposición del mayor Raúl Alejandro Girón Jiménez, durante el conocimiento de la medida de coerción a los implicados en el presunto entramado de corrupción contra el Estado, enviados a prisión preventiva este lunes por la jueza Kenya Romero, el oficial superior del Ejército de la República Dominicana hizo mención de un elemento que de inmediato nos pareció más comprometedor de lo que hasta ese momento se estuvo debatiendo en la audiencia.
Y fue la referencia de un asunto estrictamente político, en lo que coincidían, según el expositor, todos los integrantes de lo que la Procuraduría General de la República ha bautizado como Operación Coral.
El mayor Girón Jiménez reveló en la audiencia que los oficiales militares y policiales incluidos en el expediente de la Operación Coral actuaban convencidos de que estaban protegidos por poderes superiores, razones por las que mantenían sus privilegios aún después del traspaso del gobierno de Danilo Medina a Luis Abinader, además de que la presente administración del Partido Revolucionario Moderno (PRM) no pasaría de cuatro años, “por lo mal que lo están haciendo”.
Mientras las acusaciones al grupo de cuyo liderazgo es señalado el mayor general del Ejército Adán Benoni Cáceres Silvestre, jefe de Seguridad del expresidente Danilo Medina se mantuvieron en las maniobras fraudulentas para sustraer dinero de los fondos públicos, todo podría atribuirse a la voracidad por acumular riquezas que caracteriza a la mayoría de la gente, en una sociedad alejada de los valores morales que hasta hace poco daban brillo a los nombres de los ciudadanos.
Ganar dinero a como dé lugar es lo que aspiran muchos hombres y mujeres, lo que no tienen nada de raro en un ambiente consumista, donde el único delito imperdonable parece ser la pobreza. Eso deben saberlo y entenderlo tanto los jueces como el Ministerio Público.
La audiencia pasó de ser un asunto de mera corrupción al plano político en el momento que se puso en evidencia que los militares envueltos en la Operación Coral tenían la expectativa de que el actual gobierno del PRM y Abinader deberá entregar la administración pública el 16 de agosto del 2024.
Pese a la consideración de que disfrutaban los oficiales activos, según Girón Jiménez, hasta el punto de que continuaron sus acciones mafiosas con el nuevo gobierno, estos no correspondían con una debida obediencia y respeto a su comandante en jefe, que de acuerdo con la Constitución es el presidente de la República, en la persona de Luis Rodolfo Abinader Corona.
La expectativa de que el gobierno en el que seguían disfrutando de sus privilegios solo duraría cuatro años, “por lo mal que lo están haciendo”, es una posición puramente política, en un país donde los militares, según las leyes vigentes, “no tienen facultad para deliberar”.
En psicología se estudia el fenómeno que la ciencia de la conducta describe como “profecías auto realizadas”. Se trata de expectativas que son externadas para procurar, de manera consciente o inconsciente, que lo vaticinado llegue a convertirse en realidad. Si alguien anuncia que un partido o gobernante no pasarán de cuatro años en el poder, no sería descabellado pensar en que hará lo que esté a su alcance para que sus palabras no caigan en el vacío.
En América Latina, y en República Dominicana en particular, los políticos en el poder no ven con tanta preocupación que los militares se corrompan en la búsqueda de riquezas, pero si fijan posiciones políticas en contra de sus intereses ahí la situación es diferente.
La tarde del pasado viernes el conocimiento de la medida de coerción fue detenida para dar el fallo este lunes, que se produjo acogiendo la jueza Romero en todas sus partes el pedimento del Ministerio Público, que solicitaba 18 meses de prisión preventiva para todos los involucrados en la Operación Coral. Al mayor Girón Jiménez, por sus delaciones al grupo y declaratoria de culpabilidad, se le permitirá que cumpla la medida de manera domiciliaria.
Los dominicanos han visto el hermetismo con que se ha manejado el tema de las reuniones a puertas cerradas celebradas por el presidente Abinader con todos sus funcionarios durante el fin de semana. Se destaca que los participantes debieron dejar fuera sus teléfonos celulares. En el período se dio a conocer un enérgico comunicado del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas en el que advirtió, entre otras cosas, que no protegerán a ninguno de sus miembros involucrados en acciones ilícitas.
Probablemente si las atribuciones a los militares y policías implicados en la Operación Coral se hubieren quedado en robo y estafa al Estado, su situación fuera menos compleja, como complejo fue declarado su caso por el tribunal. Quién sabe si en vez de enviarlos a la cárcel modelo de Najayo su destino hubiera sido el recinto del Polvorín, en Villa Mella, para los militares, y el departamento de Operaciones Especiales, para los policías. En esas áreas, según Girón Jiménez, se goza más que un común de los mortales en libertad.
En Najayo Hombre, los oficiales policiales y militares se mantendrán cercanos a los presos civiles, lo mismo que lo estará la pastora Rossy Guzmán, asimilada de la Policía Nacional. La corrupción de por sí puede crear sus problemas para un militar, pero muchos la ven como una búsqueda entendible entre los hombres de uniforme. La situación se agrava cuando se une con posiciones políticas, como se desprendió de lo afirmado por el oficial delator. Y es que la corrupción, cuando se mezcla con la política en los cuarteles, puede crear situaciones que le ponen los pelos de punta a cualquier padrino.
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