Coronavirus y compras de emergencia: los “tapabocas de la verguenza”
Del Editor al Lector/El Correo.do
La prensa tradicional no se ha hecho eco de un terremoto de denuncias de corrupción que sacude las redes sociales sobre los oscuros senderos que han recorrido las compras públicas bajo el Estado de Emergencia para combatir la propagación de la pandemia del coronavirus en República Dominicana.
El Correo.do ha publicado una investigación en la que se demuestra cómo la adjudicación de contratos públicos millonarios mediante procedimiento de urgencia ha servido para solapar los intereses de allegados al gobierno del presidente Danilo Medina, una suerte de pandemia de la corrupción.
Fernando Fernández, ex director de Adunas y quien en el pasado fue asistente político del mandatario, denunció en su cuenta de Twitter que ha recibido informaciones que una de las empresas beneficiada con miles de millones de pesos para la compra de diversos bienes sanitarios estaría vinculada a un hermano del Presidente de la República.
En una sola tabla de compras, la referida empresa, Tools y Resources Interprarise Torren SRL, aparece con adjudicaciones por 1,515,702,682.33 millones de pesos para la adquisición de mascarillas, guantes de goma, overoles impermeables y lentes de protección, entre otros bienes.
“Me ha llegado, espero no sea cierta, de que esta empresa es propiedad de un hermano del Presidente”, ha denunciado el político de oposición.
Sobre esta sociedad comercial, se ha denunciado que la misma habría sido vendida a personeros del Gobierno por el Consorcio Ecocisa, propiedad del empresario Johnny Cabrera, vinculado con el escándalo del contrato de asfalto que firmó Maybeht Rodríguez.
En total unas 12 empresas suplidoras tienen contratos o acuerdos con el actual gobierno para suplir bienes de urgencia del COVID-19 y en las redes sociales se ha criticado que las tablas de comparación de esas empresas muestran abultamientos y sobrevaluaciones.
Voces de la oposición política han solicitado al mandatario enviar a una comisión bicameral del Congreso los referidos contratos de emergencia para que los legisladores los puedan fiscalizar y cumplir así con el mandato constitucional del artículo 266-2 que establece que durante los Estados de Emergencia, el Presidente de la República informará en forma continua a ese poder del Estado sobre las acciones que haya tomado.
La Constitución, la Ley 340-06, de Contrataciones Públicas, y la Ley 21-18, que regulan los Estados de Excepción, no eximen del cumplimiento de la ley a las autoridades durante el actual Estado de Emergencia.
Lo peor que pudiera pasar en medio de una crisis humanitaria de la magnitud del COVID-19 es que el Presidente permita que desaprensivos y oportunistas, prevaliéndose de sus nexos en el Gobierno, se aprovechen de la tragedia de los dominicanos para engrosar sus avaros bolsillos bajo un manto de apañamiento y corrupción.
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