Panorama

Consideran firma Pacto Eléctrico, aunque a medias, logra vencer obstáculos e intereses

Por Juan Acosta R.

Redacción/elCorreo.do

SANTO DOMINGO: Después de varios años de espera en la que los intereses de las partes involucradas echaron un fuerte pulso a través del Consejo Económico y Social (CES) para que se les reconocieran merecedores de una parte del pastel que significa el negocio eléctrico dominicano, finalmente se firmó este jueves el tan zarandeado Pacto Eléctrico.

Más que pacto, luce un acuerdo en el que hasta el presidente Luis Abinader expresó que contenía algunos aspectos con los que no estaba de acuerdo, pero se ha logrado, con miras a irse reforzando en posteriores reuniones.

La cita para firmar el Pacto para la Reforma del Sector Eléctrico se produjo en el Salón Verde del Palacio Nacional, para dar valor a la expresión de que no hay plazo que no se cumpla, aunque con satisfacciones disparejas, especialmente perjudicial a la población. El sector social no apoyó el documento con su firma.

Como si se tratara de un acuerdo sin el consenso que siempre se procuró, el país fue testigo de un acto protocolar sin unanimidad del trípode básico compuesto por los sectores empresarial, laboral y social, con la promesa de que los “desacuerdos acordados” seguirán en discusión hasta lograr el convenio deseado.

Cabe destacarse el anuncio hecho por el ahora opositor Partido de la Liberación Dominicana (PLD) sobre su decisión de firmar el documento base del pacto. Su disposición se entiende porque fue en una de sus administraciones donde se estructuró lo que ahora será el Pacto Eléctrico oficial.

Es decir, se trata de manera básica del mismo que se acordó en octubre de 2017, con 212 consensos, que ahora son el texto íntegro del denominado de 49 páginas “Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico”.

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Los 14 puntos

Entre los 14 puntos sin acuerdo, se encuentran la propuesta de que las distribuidoras de electricidad paguen a los usuarios una compensación por la energía no servida, como lo establece la Ley 125-01 de Electricidad, una vez completado el Plan de Reducción de Pérdidas.

Con la ausencia del sector social, en el acuerdo firmado seguirán los mismos 14 puntos de disensos, que talvez algún día serán debatidos en las venideras reuniones de trabajo que se programen.

La pregunta que el pueblo llano siempre se ha hecho es por qué tomarse tanto tiempo para regular la prestación de un servicio básico, tanto de los sectores productivos como la población en sentido general.

Según se ha explicado, se debió a las objeciones del denominado sector social, cuya responsabilidad fue y es abogar por los intereses populares, ante los reclamos de generadores de energía y distribuidores del servicio.

Esa ha sido, en parte, la razón por la que el Pacto Eléctrico no había sido zanjado antes, lo que al parecer se logró, aunque mínimamente, dado el interés manifiesto de la actual administración de dejar cerrado–al menos de forma oficial-este importante elemento para el desarrollo de la República Dominicana.

Lamentablemente los reclamos de los “defensores del pueblo” al no ceder en sus puntos de vista, serán motivos de nuevos episodios de debates, porque en el documento que se no estarán representados los intereses de los consumidores o clientes comunes y corrientes del servicio eléctrico.

Como planteó el director del Instituto de Energía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), José Luis Moreno San Juan, lo que acaba de firmarse es “un pacto entre el sector empresarial y el Gobierno. Ahí no está representado el sector social, y por ende, los consumidores comunes y corrientes”.

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La UASD, que es miembro del CES y representa al sector social, ha sido crítica de la designación del ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla, al que considera representante del sector productor de energía.

“Macarrulla es parte interesada oficial y a la vez del sector privado, por lo que reitera su percepción de que los acuerdos alcanzados básicamente favorecen al gobierno el empresariado”, señaló.

Macarrulla y la discordia

Previo a la firma del pacto, el ministro Macarrulla, en su calidad de presidente del Gabinete Eléctrico del Gobierno, explicó que los puntos de disenso del Pacto Eléctrico seguirán en negociación, aunque se firme el documento, como está pautado.

“Hay algunos puntos de disenso que se saben que se van a negociar más adelante, pero hay un 90 % de consenso, y un pacto no es unanimidad, es mayoría”, dijo Macarrulla a su llegada al Palacio Nacional.

En su cuenta en Twitter, Macarrulla agregó que la reforma del sector eléctrico “es una tarea compleja, requiere el esfuerzo de todos y el compromiso, sin reservas, de las autoridades. El no haber enfrentado con responsabilidad los males del sector es causante del 50% del déficit fiscal acumulado de nuestro país”.

Punta Catalina

Para la posteridad se ha dejado la solución del desacuerdo respecto al futuro modelo de negocio que tendrá la Central Termoeléctrica Punta Catalina, ya que la propuesta del sector social en este aspecto, no logró consenso.

Sólo se enumera que el Estado presentará un modelo de negocios para las citadas termoeléctricas que asegure la incorporación de la inversión, en acciones corporativas propiedad de los ciudadanos, pequeñas y medianas empresas, de las cooperativas y de la gran empresa, en una sumatoria que nunca será superior al 49% del conjunto accionario de esa empresa generadora estatal”.

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 La sospecha

Expertos en asuntos eléctricos señalan sus sospechas de que el apuro del gobierno para que se firmara este pacto, se debió, por un lado, a un interés político con miras al futuro evento electoral de 2024 y las presiones de las empresas de generación, para garantizar sus excesivas ganancias y privilegios.

Por eso, más que estar orientado a la reducción de pérdidas que se estableció cumplir entre 2017 y 2022, ya se teme lo que se hará es oficializar y asegurar la hegemonía de los otros dos sectores involucrados en el negocio eléctrico: generadores y distribuidores.

El comienzo

El pacto eléctrico se remonta al año 2012, cuando se aprobó la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, que condiciona el desarrollo social del país “al consenso por parte de la sociedad, gobierno y empresariado” para firmar tres pactos: el educativo, el eléctrico y el fiscal.

De estos, solo el educativo fue firmado en 2014, pese a que el presidente de entonces, Danilo Medina, había asumido el compromiso de cumplir el reclamo del 4% del Producto Interno Bruto (PIB), para la educación.

Con más de ocho años de reuniones sin poder alcanzar acuerdos equilibrados, equitativos y de beneficio mutuo entre las partes, el presidente Abinader, emplazó a las partes, en un discurso al país en octubre pasado, para que en seis meses concluyeran con los dos pactos faltantes, el eléctrico y fiscal.  Y aún falto el complicado Pacto Económico.

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