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Con suspensión de 36 funcionarios, Abinader envía señal de que las declaraciones juradas no son “un juego”

Redacción/elCorreo.do

SANTO DOMINGO: Con la revelación este viernes de la suspensión de 36 funcionarios del Gobierno que hasta la fecha no han presentado su declaración jurada de bienes y patrimonio, el presidente Luis Abinader parece interesado en enviar el mensaje de que no permitirá violaciones a la Ley 311-14 que impone ese requisito en la administración pública.

Con la medida, los afectados quedan suspendidos de manera provisional y sin disfrute de salario, según lo explicó al dar la información la directora de Ética e Inte­gridad Gubernamental y asesora presidencial sobre corrupción, la ex vicepresidenta Milagros Or­tiz Bosch, quien advirtió que está en la decisión de los funcionarios  si vuelven a sus puestos o permanecer fuera del Gobierno.

El día de la toma de posesión como jefe de Estado, Abinader advirtió que suspendería y separaría de sus cargos a los funcionarios del Gobierno que no hicieran sus declaraciones juradas de bienes y patrimonio.

Ortiz Bosch precisó que “estos funcio­narios quedan apartados de sus cargos y sin disfru­te de salario, hasta tanto den cumplimiento a lo dis­puesto en la ley que insti­tuyó el Sistema Nacional Autorizado y Uniforme de Declaraciones Juradas de Patrimonio de los Ser­vidores Públicos”. Al dar las declaraciones a la prensa, la funcionaria estuvo acompañada del consultor jurídico del Poder Ejecuti­vo, Antoliano Peralta Romero.

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Refirió que en administraciones anteriores la obligación que hoy  se les exige a los funcionarios fue letra muerta, pero que en la de Abinader “por prime­ra vez esa norma jurídica ha tenido un esfuerzo serio de aplicación de régimen y consecuencia, por lo que el gobierno envía un mensa­je a sus funcionarios sobre la importancia del cumpli­miento de la ley para todos”.

Precisó que “la suspensión fue reali­zada, a partir de las informa­ciones suministradas por la Cámara de Cuentas respec­to a los funcionarios que aun siendo señalados por la Ley número 311-14, reba­saron el plazo de los 30 días para hacer la presentación ante el referido órgano”.

Mientras Ortiz Bosch afirmaba que los incumplidores “son los actores de sus propios desti­nos”,  Peralta Romero comentó  que “se trata de funcionarios de mediana jerarquía, los cuales no estaban conscien­tes de que debían hacer su declaración jurada, pero la ley lo establece”.

Los nombres de los suspendidos son revelados

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Los suspendidos son Fer­nando José Viyella y Miguel Ángel Lajara, de Autoridad Portuaria Dominicana; Aris­mendy Almonte, Francisco Fernández Onofre, Héctor González y Cándido Cruz Pichardo, del Banco Agrí­cola; Teófilo Gómez, Comi­sión Aeroportuaria; Teófilo Sosa, de la Comisión Presi­dencial de Apoyo al Desa­rrollo Barrial.

También, Francisco Vás­quez y Erodis Fernelis Díaz, del Consejo de Coordina­ción de la Zona Especial pa­ra el Desarrollo Fronterizo, y José Sánchez Martínez, del Consejo Nacional de Fronteras; Heriberto Gru­llón, Hugo Taveras y José Luis Polanco, de la Corpora­ción del Acueducto y Alcan­tarillado de Moca.

Benjamín Reynoso, Fran­cisco Javier Santoni, de la Corporación de Acueduc­to y Alcantarillado de Santo Domingo; Juan Alberto Du­rán y Otto Manuel Gómez, de la Corporación de Acue­ducto y Alcantarillado de Puerto Plata.

Además Silvestre Ven­tura, subdirector de Mi­gración; José del Carmen Oviedo, Dirección de Orde­namiento y Desarrollo; Leó­nidas Ceballos y Máximo Gómez Peña, de la Empresa de Generación Hidroeléctri­ca Dominicana.

También, Carlos Espinal, subdirector del Teatro Na­cional Eduardo Brito; Mar­cia Rodríguez Gómez, Insti­tuto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre; Ángel Darío Ramírez, Antonio Tri­nidad, Denny Olivero, Félix Beltré, Francisco Jiménez Sena, Francisco Jiménez Reyes, Juan Familia, Máxi­mo Florián y Menni Cuevas, del Instituto para el Desa­rrollo del Suroeste.

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Casos anteriores

La Cámara de Cuentas informó que al 16 de oc­tubre pasado, alrededor de 72 funcionarios nom­brados por el mandata­rio, no habían deposita­do sus declaraciones ju­radas de bienes.El 30 de septiembre y el 2 de octubre, el presiden­te Abinader había sus­pendido a 15 servidores públicos a través a través de los decretos 525-20 y 534-20.La Cámara de Cuentas también dijo que 411 funcionarios del manda­to de Danilo Medina y que cesaron en sus fun­ciones, tampoco habían presentado su declara­ción jurada de patrimo­nio hasta el 16 de octu­bre de este año.

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