Colegio de Abogados demanda al presidente SCJ y exige PGR actúe ante alegado complot para destruir justicia
Redacción/elCorreo.do
SANTO DOMINGO: El Colegio de Abogados formalizó este martes una querella en la Procuraduría General de la República contra el presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, Luis Henry Molina, por la supuesta autoría intelectual y material del crimen de prevaricación y otras violaciones penales.
Le imputada a Molina usurpación de funciones, denegación de justicia, abuso de poder y coalición de funcionarios, delitos sancionados en los artículos 114, del 123 al 127 y el 185 del Código Penal.
La querella fue interpuesta por el presidente del gremio que agrupa los abogados, Miguel Surún Hernández, en compañía de una comisión de juristas.
Surún Hernández denunció que el magistrado Molina en su condición de presidente del Consejo del Poder Judicial, mediante resoluciones ha pretendido modificar el procedimiento de enjuiciamiento dominicano, usurpando funciones del Congreso Nacional, acciones que mantienen la justicia en virtual cierre y priva a todos los dominicanos de acceso a la Justicia, derecho consagrado en la Constitución de la República.
Agregó que Molina también ha cometido abuso de poder, cambiando todo el sistema de justicia mediante la modificación de la estructura de administración consagrada por ley.
Se queja porque el presidente de la SCJ ha degradado jueces, eliminado jerarquía judicial y las jurisdicciones especializadas, en franca violación a la Ley de Carrera Judicial, vulnerando la independencia de los jueces, a quienes supuestamente ha destruido su soberanía, obligado a no acudir a los tribunales a administrar justicia, prohibiéndoles tocar los expedientes.
El gremio planteó en su querella que Molina con su accionar también destruye el sistema secretarial de depósito de demandas y documentos, establecidos en la Ley 821 de organización judicial, tornando la justicia infuncional, con lo cual pretende crear un caos para desestabilizar el sistema jurídico nacional, la economía y la paz social.
Asimismo, Surún Hernández declaró que se trata de un complot para destruir la justicia imposibilitando, el régimen de consecuencias, lo que es grave, pues una justicia que desacata sus propias decisiones pierde toda calidad ante la sociedad.
Denunció que la mayoría de los tribunales a nivel nacional continúan cerrados en desacato a la sentencia del Tribunal Superior Administrativo que ordenó su apertura.
