Redacción/ ElCorreo.do
SANTO DOMINGO: Según se observa en todos los sectores políticos del país, lo único que queda por hacer es pedirse perdón mutuamente, por recelar entre ellos de ser los responsables del fallo registrado en miles de los equipos que servirían para emitir el voto automatizado en las frustradas elecciones municipales del 16 de febrero pasado.
Esa sensación toma sentido al escuchar las declaraciones del presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Julio César Castaños Guzmán, quien admitió que el informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) “es un trabajo profesional, que para la Junta constituye un hecho lamentable, una verdad amarga” que llama a esa institución a revisarse.
“Lo que dice la OEA es puntual y especifico, cuando un acontecimiento de esa naturaleza sacude una institución todos nos tenemos que revisar”, agregó Castaños Guzmán, como si la mayor culpa no recayera en la ineficacia de la propia Junta.
Mientras, el Partido Revolucionario Moderno exige a la JCE un “debido saneamiento” de sus direcciones de Informática y Elecciones tras conocerse el informe.
Pero también señala a “funcionarios claves” de las citadas direcciones de la JCE, a los que denuncia tienen vínculos primarios con el Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
“Esos funcionarios de la JCE deben responder ante tales hechos que, sin lugar a dudas, han tenido no solo un costo extraordinario para las finanzas públicas, sino para la credibilidad de la institucionalidad democrática”, señala.
En tanto, dirigentes del PLD reclamaron un desagravio tanto al Gobierno como a esa organización partidaria tras los resultados del informe de la OEA sobre las frustradas elecciones municipales de febrero pasado.
Melanio Paredes, Miriam Cabral, José Tomás Pérez, Danilo Díaz y Carlos Amarante Baret, miembros del Comité Político, condenaron los «virulentos ataques al Gobierno y al PLD», apuntaron que el informe de la OEA “demuestra a la oposición que estaban equivocados y ratifica el apego a la democracia del gobierno que presidente Danilo Medina”.
Sin embargo, el mismo 16 de febrero el PLD, durante una rueda de prensa de su Comité Político, acusó a la oposición de haber saboteado el voto automatizado para que no le contaran los votos, porque, supuestamente, cuando el produjo el colapso “el PLD iba ganando en 126 de los 158 municipios y 171 de los 235 distritos municipales”.
Tanta fue la convicción del PLD que al día siguiente los organismos de seguridad del Estado procedieron a la detención del coronel policial Ramón Antonio Guzmán Peralta y el técnico de la telefónica Claro Manuel Antonio Regalado, señalados como los autores del sabotaje que sufrió el voto automatizado.
Aunque el Ministerio Público pidió medidas de coerción contra ambos, la justicia los dejó en libertad, pura y simple, al tiempo que el presidente Danilo Medina solicitaba suspender las investigaciones para dar paso a la auditoría de la OEA.
Como se ve, nadie es culpable y todos son víctimas de los señalamientos de terceros, resultando los que sean responsabilizados de “negligencia”, separados del cargo y liberados de responder ante la justicia y económicamente por su “descuido” en el cumplimiento de su deber.
“No hay duda, vivimos en una caricatura de país”, comentó un observador.
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