Colaboración/elCorreo.do
PERSPECTIVA: Si hoy no tenemos el país que merecemos y necesitamos, con instituciones fuertes y reglas claras -a ser respetadas o tener consecuencias—, es porque hemos tenido presidentes, legisladores y servidores públicos a distintos niveles que han resultado un gran fiasco. Vale decir, que muchos de los llevados a las posiciones públicas, por elección o designación, se han quedado muy cortos en materia de responsabilidad y cumplimiento del deber institucional contraído.
Desde faltar a la palabra empeñada en campaña, a la responsabilidad y a la ética, algunos de esos “faltadores” han hecho desde los respectivos cargos, lo contrario a lo que debían; un desastre o, sencillamente, nada para justificar su escogencia. Hay muchos daños y engaños reiterados, en perjuicio del pueblo, de la democracia y del Presupuesto Nacional (¿). Por esa triste y penosa realidad es que, tras 20 años dando vueltas entre la Cámara de Diputados y el Senado, todavía no tenemos ni contamos con un Código Penal que garantice una condena efectiva y el debido castigo para los culpables de la corrupción y distintos actos delictivos que arropan y dañan la sociedad.
Los intereses económicos o sectoriales, que de manera cancerígena se infiltran en los partidos y el Congreso desde hace tiempo, impiden–con excepciones—que se aprueben mejores leyes, que se legisle real y efectivamente para la mayoría y pensando en el bien común, nunca para unos pocos, dependiendo de su influencia o de la capacidad de chantaje mediático que puedan exhibir (¿).
No compartimos lo de aprobar el código o la ley “posibles”, sino lo que la nación precisa para su fortalecimiento institucional, sin afectar derechos fundamentales, valores morales y sin que implique retroceso. Por ejemplo, buscar que los partidos políticos no puedan ser imputados; atar de manos al Ministerio Público o meter de contrabando el que militares y policías sean juzgados en un tribunal especial.
O sea, de ellos, para juzgarse ellos mismos (?) y no lo justicia ordinaria, como es y debe seguir siendo. Por la sola posibilidad de una barbaridad como esa, que del retroceso pasaría a ser un adefesio inaceptable, creemos que la pieza debe ser revisada, leída y discutida antes de aprobarse.
Además, escucharse sugerencias válidas, como los once puntos observados por la Procuradora Miriam Germán. ¿No queremos justicia independiente y que funcione? Es preferible que se reintroduzca el proyecto y no que se apruebe un tollo, con la excusa alegre de que “ya hay que salir de eso”. Hay que aprobar el Código, pero sin que haya retroceso o trajes a la medida (?).
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