Panorama

Castaños Guzmán dice si hubiesen cerrado OISOE y reformado Ley de Compras y Contrataciones no existiría “El Pulpo”

Por Suanny Reynoso

Redacción/elCorreo.do

SANTO DOMINGO: Si el Gobierno hubiese escuchado los clamores populares y de organizaciones de la sociedad civil que reclamaban desde hacen años el cierre de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) y la reforma de la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas, la “Operación Antipulpo” no habría sido necesaria, aseguró este martes el jurista Servio Tulio Castaño Guzmán.

Castaños Guzmán, vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) estimó que  “este proceso tiene que enviarle un mensaje, no solamente a la sociedad, sino a la clase política, porque es evidente que el sistema de compras y contrataciones hay transformarlo”  y  agregó que “eso quedo reflejado en las audiencias de domingo y lunes”.

De igual modo, dijo que una de las lecciones que debe dejar este proceso, es que gente que esté vinculada familiarmente a un funcionario público, no debe  hacer negocios con el Estado, porque eso tiene un componente ético, por lo  que,  independientemente de lo que decida el juez “ahí hay cosas que no deben volver a ocurrir”.

“Nosotros advertimos hace mucho que esa OISOE es una institución escandalosa, y lo fue desde su creación, y nosotros desde la reforma constitucional del 2010 veníamos de manera peramente diciendo que esa institución había que anularla y transferírsela al Ministerio de Obras Públicas y mire el problema que hay ahora”, refirió.

Hay que modificar Ley de Compras y Contrataciones

Sostuvo que Finjus también propuso la modificación de la Ley de Compras y Contrataciones Públicas, porque la misma no contiene sanciones a los que violan sus disposiciones, porque es una ley que contiene una fuente de confusiones y que se diseñó para que las licitaciones se manipulen.

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“Esa ley, que mete a cualquiera en problemas, no establece ningún tipo de sanción penal para quienes participan en un proceso de licitación ni siquiera para aquellos que imputan de manera indebida, y como si eso fuera poco, las comisiones de licitación la conforman quienes dirigen las cúpulas de las instituciones”, indicó.

Reiteró que las pocas sanciones que contiene esa ley son de carácter administrativo, que tienen que ver con amonestaciones, suspensiones, y en casos excepcionales, la destitución de los cargos, algo que no ocurre con mucha frecuencia en el país.

Una advertencia al Presidente Abinader

A Castaño Guzmán le advirtió al  presidente Luis Abinader que  si no modifica la Ley de Compras y Contrataciones y anula completamente a la  la OISOE cuándo termine su período, se podría  “encontrar con una situación similar a la que estamos viviendo hoy, y esta no es una amenaza, sino una petición o consejo y esas cosas en ese país hay que desmontarlas”.

Critica proceso en medida de coerción

Por otro lado, el jurista observo que el magistrado José Alejandro Vargas no ha conducido correctamente el proceso el conocimiento de medidas de coerción contra esos 11 imputados por la comisión presuntos actos de corrupción y que más bien se ha manejado como si se tratara de un juicio preliminar

“Yo lo que veo es que este es un proceso de conocimiento de una medida de coerción y yo lo que he visto inclusive, desde el punto de vista de lo que establece la norma, no es usual que la solicitud de una medida de coerción se conduzca de la forma en que se ha llegado este proceso”, sostuvo el representante de la sociedad civil.

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En su opinión, “esa audiencia debió haberse celebrado, cerrado y concluido el domingo pasado, pero parecería que, por acuerdo de las partes, se decidió extender y dar un plazo a los abogados de los encartados y hemos visto que aquí lo que ha habido una especie de juicio previo”.

Castaños Guzmán refirió que en otros casos de esta naturaleza, como Odebrecht, el juez de instrucción especial de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco, hizo lo mismo y que eso de una u otra forma genera en principio una serie de confusiones

Insistió que el objeto que debió haber conocido el juez Vargas no es lo que se estaba conociendo, sin tocar aspectos que tienen que ver con el fondo, que se supone debe ser competencia de otro magistrado.

Describió al magistrado Vargas como “una persona muy querida y respetada por casi todos los abogados por lo que ha sido su trayectoria”, pero que  va más allá de sus atribuciones, porque en sus decisiones da hasta consejos a los imputados y envía mensajes muy positivos a la sociedad, pero no debió conocer ese proceso

Dijo que el juez Vargas tiene un conocimiento del caso porque fue quien autorizo los allanamientos y apresamiento de los imputados, lo que hace suponer que antes de decidir los mismos tuvo que haber evaluado la situación y luego dio su aprobación.

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Asimismo, dijo que “como abogado de los encartados no les hubiera a los imputados que hablaran porque algunos han cometido errores. Yo me hubiese limitado a lo que es la solicitud de medida de coerción y me hubiera reservado para el conocimiento de lo que sería la presentación de la acusación”.

Añadió que “ahí lo se estaba tratando es el arraigo, la raíz que tienen esas personas partiendo de los hechos que se le están imputando, partiendo de lo que es su situación real, si van a distraer pruebas, irse del país, etc., eso era lo que en realidad debió conocerse”

Sostuvo que con el caso de Alexis Medina y el entramado de corrupción que se le atribuye, “la sociedad está reclamando justicia como nunca antes lo había hecho, está pendiente y esperando que la justicia, aunque sea por primera funcione, en el presente caso”.

Observó que  en este caso aparentemente existen ilícitos penales que involucran a una persona que no es funcionario, Alexis Medina, que ciertamente no es pero que hacia negocios con el Estado por condición de hermano de quien fuera presidente de la República.

“Yo lo que me quejo es la forma en que el magistrado Vargas ha permitido que este proceso se conduzca porque desde el punto de vista jurídico esa no es la forma”, apuntó.

A su juicio, el Ministerio Público cuenta con las herramientas para poder llegar al fondo de una investigación y que “en esta ocasión podría lograr un buen caso”.

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