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Calculan que resultados del decreto 22-21 busca recuperar bienes podrían verse en varios año…si hay suerte

Por Juan Acosta R.

Redacción/elCorreo.do

SANTO DOMINGO: “El presidente Luis Abinader dio inicio al proceso de recuperación de bienes públicos que habrían sido sustraídos por exfuncionarios”, anunciaban este jueves todos los medios de comunicación, tras conocerse la emisión del decreto 22-21, en ese sentido.

La intención presidencial es retornar los fondos estatales que se supone no debieron pasar a manos particulares, cuyos administradores habrían aprovechado la oportunidad para incurrir en indelicadezas.

Pero una cosa son las buenas intenciones y otra es la realidad, la que se basa en hechos concretos y demostrados ante los tribunales.

Los comisionados habrán de agotar prolongados horarios analizando auditorías, cotejar datos de faltantes y/o sobrevaluación, ajustar esas posibles pruebas acusatorias a los mandatos legales.

Se calcula que, con suerte, los resultados buscados podrían observarse durante el próximo período constitucional 2024-2028, en el que a lo mejor o peor no estará al frente de la administración del Estado el iniciador de la medida.

Es posible con los datos acopiados los tribunales dicten sentencias favorables a la parte acusadora, pero las normas procesales consignan apelaciones, recusaciones y otros mecanismos que prolongan el tiempo para que cada caso quede irrevocablemente juzgado.

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Con el nombramiento del equi­po de abogados que esta­rá bajo supervisión de la Consultoría Jurídica de la Presidencia, abogados Jorge Luis Polan­co Rodríguez, José Luis Taveras, Claudia Álvarez Troncoso, Manuel Conde Cabrera, Rafael Rivas Solano y Fer­nando P. Henríquez, tienen mucho trabajo por delante.

Según el Artículo 3 de la dispo­sición presidencial se otorgó mandato expreso al equipo de coordinadores “para que representen al Estado dominicano en los procesos judiciales y acciones legales de diversa naturaleza que sean identificadas como necesarias para recuperar bie­nes, fondos y valores distraí­dos del patrimonio público”.

Uno de los valladares que les resultará saldar a los encargados de recuperar los alegados o reales recursos sustraídos es saber convencer a o los jueces que conocerán cada caso, de que el inculpado merece ser despojado de lo que reclama como suyo.

Desde hace mucho tiempo se habla de la podredumbre judicial, sin que los señalados como inmorales se hayan dado por aludido, lo que en partes ha provocado la crisis de confianza que debe revertirse para evitar las consecuencias negativas que produce en términos de inseguridad jurídica.

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Desde la época de Balaguer, al que se atribuye haber diseñado “su Constitución y estrategia política para mantenerse en el poder basado, entre otros aspectos, en la corrupción y el control del poder judicial”.

Los equipos contratados tendrán que detectar “bajo cualquier modalidad operativa, ya sea por sustracción, incumplimiento, desviación, así como por la comisión de infracciones o ilícitos penales; omisión, negligencia, imprudencia o cualquier violación a las leyes”.

En su decreto, Abinader declaró de interés nacional dicha recuperación de los bienes, fondos y valores distraídos del patri­monio estatal, “a fin de que estos sean restituidos al erario y empleados en la ejecución de planes y proyectos de desarrollo nacional que redunden en la mejoría de la calidad de vida del pueblo dominicano”.

También instruyó a la Consultoría Jurídica para que proceda a la conformación de un equipo de profesionales del derecho de reputada trayectoria, prestigio y notoriedad “para que asuma la representación del Estado dominicano en las acciones resarcitorias y restitutivas de bienes, fondos y valores distraídos”.

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Balaguer y Miriam Germán

El 15 de noviembre de 1993, el matutino El Siglo publicó sendas cartas enviadas por el entonces presidente Joaquín Balaguer y la jueza Miriam Germán, en las que trataron el tema de las actuaciones de algunos organismos gubernamentales y la justicia dominicana.

A doña Miriam no le gustó que Balaguer generalizara al cuestionar la judicatura, de la cual era parte, ex presando que, como madre, no podía callar y sus hijos pensaran que ella no reaccionó “ante el insulto gratuito”.

Balaguer respondió que no menospreciaba la justicia dominicana, “a quienes menosprecia el suscrito…es a los jueces que enlodan diariamente su toga, alejando de su deber por un puchado de lentejas”.

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