Redacción/elCorreo.do
SANTO DOMINGO: El senador por la provincia Hermanas Mirabal por el partido Fuerza del Pueblo, Bautista Rojas Gómez, insistió este jueves en que es ilegal el proceso llevado a cabo por el Gobierno para la liquidación de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), y advirtió que los implicados pueden ser interpelados por el Congreso.
El anuncio de la liquidación se hizo el pasado viernes, en rueda de prensa ofrecida desde el Palacio Nacional, encabezada por la denominada Comisión Liquidadora de la CDEEE, presidida por el ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, y conformada además por el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, y el consultor jurídico del Ejecutivo, Antoliano Peralta.
A través de su cuenta de Twitter, Bauta Rojas dijo que vuelve a llamar la atención del Gobierno en torno a la liquidación de la CDEEE.
Justicia y Transparencia
En cuanto a este proceso, la Fundación Justicia y Transparencia (FJT) también reprochó el cierre y liquidación, y lo calificó de inconstitucional, legalmente nula y creadora de un precedente peligroso para la institucionalidad del país.
La FJT manifestó que lo que ha estado en el anuncio de la liquidación de la CDEEE “todo ello es en abierta y franca violación a la institucionalidad y constitución de la República”.
A través de un comunicado, la entidad sin fines de lucro destacó “la improcedencia e ilegalidad, que supone mediante un decreto del Poder Ejecutivo, concretamente el 342-20 del pasado 16 de agosto, uno de los primeros de la actual gestión gubernamental”, en el que a su juicio, se pretende “eliminar una institución concebida mediante la Ley General de Electricidad No. 125-01, en cuyo artículo 138 se prevé la creación de la CDEEE”.
El presidente de FJT, Trajano Potentini, explicó que se trata del más elemental de los principios jurídicos, a nivel de la jerarquía normativa, donde constituye una verdad absoluta y sin cuestionamientos, el hecho de que las leyes están por encima de los decretos, en consecuencia, se hace imposible en el plano institucional, eliminar por decreto una institución que ha sido establecida por una ley, como lo sería el caso ocurrente.
Para la entidad cívica “estaríamos en presencia de un precedente peligroso, anulando en temas trascendentes, las facultades del Congreso Nacional, único poder del estado facultado para con otra ley, modificar o eliminar la CDEEE, nunca con un plumazo del Ejecutivo.
Advirtió que todos los actos que realicen sin el amparo de una ley, estarán plagados de nulidad absoluta, por violar las leyes y la propia constitución de la república, cuando en los artículos 138 y 139 hace mandatorio el imperativo del sometimiento pleno de la administración pública a la legalidad, entre otros principios ausentes del lamentable accionar del gobierno.
Llamó al gobierno a la reflexión, sobre todo a enrumbarse por el camino de la legalidad, sin atropellar un proceso, que afecta derechos de empleados y suplidores, además del manejo y destino de contratos e intereses, que envuelven miles de millones de dólares.
Indicó que no queda claro “el traspaso a las EDES de contratos y responsabilidades, concebidas fuera del entorno ordinario de la institucionalidad, máxime por tratarse de empresas que poseen una estructura privada, aunque de capital estatal en el momento, circunstancia que podría cambiar con el simple hecho de vender acciones”.
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