Del Editor/El Correo.do
SANTO DOMINGO: Una batalla política se vislumbra en el Congreso cuando a partir de esta semana se conozca la segunda solicitud de prórroga del presidente Danilo Medina del actual Estado de Emergencia.
De antemano, Orlando Jorge Mera, de la Comisión Política del principal partido de la oposición, adelantó que “la segunda prórroga no debe exceder de 17 días, que fue el plazo asignado y establecido en la primera prórroga, según el párrafo I del artículo 28 de la Ley 21-18 (que regula los Estados de Excepción)”.
De su lado, Vinicio Castillo Semán, candidato a senador del Distrito Nacional por la Fuerza del Pueblo y aliados, ha llamado a la oposición para que exija al gobernante una cuarentena estricta y la compra de más de un millón de pruebas rápidas para lograr aplanar la curva de la pandemia.
En ese mismo litoral, Elías Wessin Chávez, del Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC), ha escrito en su cuenta de Twitter: “nos oponemos a una nueva prórroga solicitada por el presidente Danilo Medina: 1ro, manejo inadecuado de la crisis del COVID-19 con abastecimiento de implementos sin la debida transparencia y que no satisfacen lo requerido; 2do, manipulación de la asistencia social a favor del candidato del PLD”.
Los diputados y senadores no sólo ejercen el control político de la declaratoria de Estado de Emergencia, sino que a ellos está reservado un control de transparencia y político de la ciudadanía.
En tan sentido, el Congreso no puede ser un obstáculo para el Presidente, pero tampoco puede ser un sello gomígrafo.
El control de constitucionalidad y de legalidad que deposita el constituyente en los legisladores debe ser efectivo, sobre todo luego de las serias denuncias de irregularidades en la compra y contratación de bienes y servicios sanitarios.
El Congreso es la Meca de la democracia y, por consiguiente, el espacio público más idóneo para discutir cuestiones que preocupan a la sociedad dominicana sobre el Estado de Emergencia.
Algún congresista debería levantarse de su curul y preguntar cuál es la potestad constitucional que ejerce el Poder Ejecutivo para detener sin orden judicial a los ciudadanos que incumplen las medidas sanitarias.
¿Por qué no se opta por medidas menos gravosas para la liberta personal y para la salud de los detenidos, quienes pueden ser contagiados al ser llevados a destacamentos policiales?
Otro aspecto que está llamado a entrar en debate es la opacidad que ha caracterizado las comprar de emergencia. ¿Puede la Administración pretextando la urgencia sanitaria ignorar por completo las normas de contratación púbica?
Y, de paso, preguntarse por el respeto al acceso a la información de los ciudadanos, según el artículo 49 de la Constitución.
La anormalidad constitucional que supone el Estado de Emergencia se debe desenvolver dentro de una normalidad administrativa que está tasada por la Constitución y por la Ley 21-18, de Regulación de los Estados de Excepción.
La batalla política que se anticipa en el Congreso es saludable para la democracia, que nadie se caiga de bruces.
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