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Aunque el presidente Abinader lo negó, privatización de áreas sensibles sigue en la agenda del Gobierno a través de APP

Redacción/elCorreo.do

SANTO DOMINGO: Durante las casi seis semanas de administración que lleva el Gobierno del presidente Luis Abinader, el concepto de alianza público-privada (APP), ha estado entre los de mayor uso, lo que aproxima el rumbo que podría seguir durante el cuatrienio por el que fue electo.

De por sí, realizar esta modalidad de convenios no es del todo negativo para la población, siempre y cuando la parte gubernamental sepa y tenga la conciencia inclinada a defender los recursos del erario.

Conforme a la Ley que regula la APP, se trata de concertar contratos entre instituciones públicas y privadas, como resultado de un proceso competitivo, “para proveer, gestionar u operar bienes o servicios de interés público”.

Ejemplo de ello sería un posible pacto en el sector transporte, que involucraría la administración de los bienes estatales de la OMSA, el Metro y el Teleférico, lo que ha despertado temor, especialmente entre los usuarios de esos servicios, por el subsidio que reciben del Estado.

Aunque el presidente de la República se encargó el jueves de arrojar hielo al agua caliente de la privatización, todavía el temor en amplios sectores de la población prevalece.

Se recuerda que la actividad del transporte masivo forma parte esencial en la estrategia reservada a todo Estado, por lo que debe cuidarse en extremo su permanente funcionamiento.

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Es cierto que desde la campaña electoral, el Partido Revolucionario Moderno (PRM) ha venido presentando este tipo de iniciativa como el mejor mecanismo para paliar la crisis económica provocada por el COVID-19, situación que viene desde el Gobierno anterior.

Ejemplo de ello, es el permanente planteamiento del joven ex ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Juan Ariel Jiménez, quien fue uno de los principales defensores de este tipo de entendimiento económico mixto.

La preocupación surge ante los negativos ejemplos llevados a cabo por anteriores administraciones, con la construcción de carreteras y autopistas en varias zonas del país.

Son referencias que deben servir para no repetirlas, porque otorgaron demasiado poder al sector privado, generando la privatización total de los servicios y bienes públicos.

En ese sentido debe establecerse que llevar a cabo una alianza de esta naturaleza no le otorga a las partes el poder de decidir sin consensuar consecuencias, especialmente si afectan la población, porque una alianza público-privada no debe significar privatización.

Fresco está en el recuerdo cuando en 2018, el ex-presidente Danilo Medina presentó el anteproyecto de lo que años después se convirtió en la Ley 47-20 de Alianzas Públicos-Privadas, tras ser aprobado por el Congreso en febrero de este año.

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Parece que esta modalidad de financiamiento le encantó al hoy presidente Abinader ya que, en teoría, supone que el Estado no debe asumir todos los costos y responsabilidades de la provisión de servicios y bienes, sino compartirlos con los intereses privados, a cambio de ganancias razonables.

Desde comienzo de siglo

En realidad, esta forma de inversión sólo ha sido regularizada porque de hecho ya se venían aplicando desde 2001, cuando el Estado firmó un contrato de “concesión administrativa en régimen de peaje”.

Mediante este convenio firmado con la compañía Autopistas del Nordeste (AdN) por 30 años de vigencia, se autorizó la construcción de la carretera erróneamente conocida como de Santo Domingo-Samaná, porque sólo llega a la comunidad Molinillo, municipio de Nagua.

Esta carretera, de 106 kilómetros de largo, (contemplaba el cumplimiento de varas etapas que fueron ignoradas) fue financiada mayoritariamente por AdN que aportó el 80% de los fondos, mientras el Estado completó el 100%.

Su construcción terminó de completarse a mediados del 2008, llegándose incluso a extenderse el contrato en 2011.

Otro contrato con la misma compañía AdN, con igual modalidad de alianza público-privada fue rubricado con la empresa Boulevard Turístico del Atlántico (BTA), agregándole al costo inicial de US$222 millones, otros US$178 millones.

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Otros casos

Otros ejemplos de pésima participación estatal mediante la modalidad APP, en contratos mal diseñados y escasa vigilancia del cumplimiento de los compromisos asumidos ha sido la minera de Pueblo Viejo, Cotuí.

En el primer caso, sobre el contrato entre el Estado y la empresa minera Barrick Gold, negociado en el 2008, la distribución de los ingresos no pudo ser más desigual, con 97% de los beneficios para la empresa canadiense, mientras que el Estado se conformó con el exiguo 3% de las utilidades provenientes de la extracción de oro en suelo dominicano, aunque luego fue modificado por la presión de Gobierno y la sociedad.

En cambio, el proceso de capitalización del sector eléctrico le ha generado beneficios al Estado a través de las generadoras Ege-Haina y Ege-Itabo, lo mismo que en Molinos del Ozama, continuadora jurídica de Molinos Dominicanos.

No se puede decir lo mismo de otros sectores que fueron capitalizados.

Fue partiendo de esas experiencias que se estructuró y aprobó la legislación que sustenta el funcionamiento de las APP para el desarrollo del país y no solo para algunos inversionistas.

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