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Audio filtrado sustenta el lawfare contra el expresidente ecuatoriano Rafael Correa

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BUENOS AIRES.- Un audio filtrado ha pasado a ser la nueva prueba de la persecución judicial contra el expresidente Rafael Correa en el Ecuador en base a revelaciones sobre irregularidades en el proceso judicial del caso Sobornos, con el que se ha juzgado al exmandatario y a exfuncionarios de su Gobierno (2007-2017) con fines de inhabilitación política.

El medio argentino Página 12 reveló un audio al que tuvo acceso de forma exclusiva, en el que se denota un «cambio de criterio» de parte del actual presidente de la Corte Suprema, Iván Saquicela, quien en 2019, cuando aún era magistrado, apuntó a la inocencia de Correa pero luego cambió de parecer mientras ascendía a dirigir el alto Tribunal.

Saquicela, siendo juez de una sala penal de la Corte, falló en contra el expresidente cuando la causa llegó a su juzgado y luego, acorde al guión de prácticas de lawfare en el continente contra otros líderes políticos, el magistrado fue premiado con la jefatura del máximo Tribunal de Justicia del Ecuador.

En el proceso contra Correa por el caso Bochornos, como rebautizó la Revolución Ciudadana a la causa de persecución judicial, también participaron la jueza Daniela Camacho y la fiscal general Diana Salazar.

En el audio filtrado; entre otros cuestionamientos, en una llamada realizada a la jueza Camacho, Saquicela reconoce que tanto la existencia de la infracción como la presunta responsabilidad son muy distintos a la imputación inicial, y por lo tanto tocaba pedir una justificación de esos elementos, algo que nunca se hizo.

La grabación, remitida a Página 12 por una persona reunida con el juez Saquicela en el momento de aquella llamada, demuestra cómo Camacho pretendía manejar una serie de delitos, desde cohecho y tráfico de influencias hasta asociación ilícita, línea argumental que luego abandonó sin la reformulación de cargos respectiva.

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El forjamiento de la causa se evidencia en la contradicción con el principio de congruencia en Derecho, ya que a Correa y otros funcionarios de su Gobierno y militantes de la Revolución Ciudadana se les acusó por una cosa y se les condenó por otra.

En todo este proceso, la punta del iceberg ha sido la determinación de responsabilidad atribuida a Correa, improvisada bajo la figura de “influjo psíquico”, en una supuesta irradiación de su voluntad sobre otras personas para que cometieran delitos.

De acuerdo con el reporte de Página 12, en el proceso contra Correa también se sembró evidencia a través de la redacción de un cuaderno por parte de una de las delatoras durante su detención, y una supuesta prueba de recepción de un pago, sin ningún tipo de firma, rúbrica o membrete institucional.

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