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Atribuyen cadena de errores del Gobierno a inexperiencia; creen no han tenido intención corrupta

Por Juan Acosta R.

Redacción/elCorreo.do

SANTO DOMINGO: Durante los casi cinco meses de gestión de la actual administración del presidente Luis Abinader, varias han sido las medidas que han tenido que ser revocadas por las críticas recibidas o violentar preceptos legales.

Cierto es que debido a algunas medidas asumidas se le ha elogiado por parte de diferentes sectores, pero también se ha visto señalado por algunos errores atribuidos a la inexperiencia en el manejo de los asuntos estatales.

La más reciente es la entrega por adelantado de RD$100 millones a menos de 80 artistas de diferentes géneros musicales, disposición que tuvo que ser dejada sin efecto por los señalamientos de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), pero sin recuperar el dinero erogado.

Tan pronto el Gabinete de Política Social anunció con fanfarrias la contratación de las principales agrupaciones de merengue, bachata, urbanos y solistas para que ofrecieran al menos cinco presentaciones durante las fiestas navideñas del 24 y 31 de diciembre, la DGCP inició una investigación al respecto.

“Al verificar en el Portal Transaccional para identificar el cumplimiento de los mínimos exigidos, pudimos constatar que las citadas contrataciones no fueron gestionadas a través de esta plataforma, contrario al principio de transparencia y publicidad y al artículo 6 del Decreto Núm. 350-17”, reparó la DGCP.

Esa carencia se produjo, aun cuando tenía la obligación legal de ajustar dichas contrataciones a la normativa, pero según lo verificado hasta ese momento, todo indica que se había realizado en inobservancia a la misma.

El coordinador del GCPS, Francisco Antonio Peña Guaba, observó mediante un comunicado público que no había discriminado a los beneficiarios, admitiendo las fallas señaladas por Contrataciones.

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La salida “salomónica” fue ignorar los pocos o muchos contratos pactados y dejarles (como si fuera de su propiedad) el dinero entregado como una colaboración gubernamental con los favorecidos.

Nepotismo

Desde sus inicios, el primer reclamo de la sociedad fue por las designaciones de miembros de familias en altos cargos de la administración, los que fueron calificados de nepotismo.

Los más relevantes casos fueron los de Luis Miguel De Camps como ministro de Trabajo y su hermana Milagros de Camps Germán, viceministra de Cooperación Internacional del Ministerio de Medio Ambiente, y la madre de esta última, Milagros Germán, en la dirección de Comunicación y vocera de la Presidencia.

También el nombramiento de la señora Patricia Selma Villegas de Jorge, esposa del ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, como embajadora en Brasil, y la hermana del ministro, Dilia Leticia Jorge Mera, como viceministra administrativa de la Presidencia, mientras que su hijo Orlando Jorge Villegas es diputado de la República.

Otro nombramiento cuestionado en su momento fue el de la señora Katherine Estela Peña Rodríguez, hermana de la vicepresidenta Raquel Peña, nueva cónsul en Sevilla, España.

La reelecta diputada Josefa Castillo, designada Superintendente de Seguros, es la madre de Jheyson García Castillo, nombrado como subdirector del Servicio Nacional de Salud y esposo de la renunciante ministra de la Juventud, Kimberly Taveras. A Jheyson se le quiso traspasar la vacante dejada por su madre.

Impuestos subrepticios

Como ya se sabe, estos acontecimientos causaron una reacción adversa, al igual que el intento de aplicar gravámenes de manera soterrada en el presupuesto Nacional correspondiente al próximo año.

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Se reclamó de manera decidida que no era posible pagar nuevos impuestos si no se había recuperado el “dinero malversado por la corrupción atribuida a funcionarios y testaferros del gobierno morado”.

Luego el presidente Abinader dijo que no trataba de “imponer nada” y que esos impuestos serán dialogados y consensuados con la población, mientras decía que la necesidad de establecerlos se debía a que encontró “un país quebrado”.

Días después anunció haber alcanzado un acuerdo con el sector financiero y la empresa minera Barrick Gold, “adelantos de sus compromisos tributarios con el Estado”.

¿Privatizaciones?

A finales de septiembre el director general de Alianza Público Privada, Sigmund Freund, dijo que la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) y la Oficina Para el Reordenamiento del Transporte (Opret) podrían ser las primeras en operar bajo esa modalidad.

Dijo que esas coyuntas están establecidas en la ley 63-17, la que ordena a la OMSA y la Opret convertirse en empresas públicas de transporte o que sean con capital mixto, privado y público.

Entre los que reaccionaron de manera contraria estuvo el director de la OMSA, Radhamés González, quien consideró que esa alianza público-privada en el caso de la institución que dirige “no era conveniente” en estos momentos para el país.

González explicó la vulnerabilidad del transporte, recordando que cuando en el país el sector privado decide hacer huelgas y paralizar sus vehículos, el Gobierno para dar respuesta a la población utiliza a la OMSA, razón por la que considera peligrosa la alianza con el sector privado.

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Luego de esas reacciones, Freud aclaró que el Poder Ejecutivo no tiene planes de privatizar ninguno de los bienes del sector público.

Igual rechazo se produjo cuando la sobreviviente de cáncer, la diputada del Parido Fuerza del Pueblo y cantante Juliana denunció los alegados aprestos de privatizar el Instituto Nacional del Cáncer, teniendo el gobernante que negar cualquier intención en esa dirección del centro hospitalario.

Inapa

También aun constituye un escándalo pendiente de definir la designación “provisional” del ex diputado y dirigente perremeista Willington Arnaud, al frente del Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillado (INAPA).

Tratando de adaptar la ley que creó ese organismo para que el joven abogado pudiera ejercer legalmente el cargo, porque entre las exigencias para ello es que sea un ingeniero especialista en el manejo de agua, aún sigue el problema.

Las principales críticas llegaron del Consejo Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), cuyo presidente, Francisco Marte, tildó el nombramiento como “una puñalada trapera”.

El Gobierno justificó la disposición presidencial expresando que procura el interés de establecer alianzas público-privadas, a fin de lograr “la construir todos los acueductos necesarios en el país y reconstruir los que están deteriorados”.

Ese proyecto de ley aún espera una decisión del Senado de la República, donde se encuentra estancado. Mientras, Arnaud sigue despachando como el director del organismo, con la advertencia de que sus decisiones pudieran ser anulables.

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