Redacción/El Correo
La agrupación política El País Que Queremos interpuso una acción directa de inconstitucionalidad contra de la Ley 46-20, la que considera viola la Constitución de la República y se prestaría para el lavado de dinero proveniente del narcotráfico y la corrupción.
Mediante la acción de por ante el Tribunal Constitucional, la agrupación política solicitó declarar el asunto de urgencia, y en caso de ser rechazada dictar una sentencia interpretativa en la que se posponga su aplicación luego de terminado el periodo electoral.
Bartolomé Pujals y Lety Melgen, vocero y coordinadora del grupo, señalan que la ley 46-20 establece un régimen tributario transitorio de apenas 90 días, lo que es una sentencia consistente con el periodo de las elecciones municipales y presidenciales.
Por tanto, los dirigentes de la agrupación política sostienen que la pieza en cuestión se lleva de encuentro el ordenamiento jurídico legal del país, al violar el artículo 146 de la Constitución que dispone la proscripción de la corrupción, así como compromisos y acuerdos internacionales suscritos por el Estado dominicano.
“La Ley núm. 46-20, violenta, igualmente, las disposiciones del artículo 26.1 de la Constitución, así como el derecho a la igualdad previsto en el artículo 39 de la Constitución, al otorgar un beneficio irrazonable a quienes han mantenido en la clandestinidad todo o parte de su patrimonio, sin importar el periodo de tiempo, y solo tener que pagar un 2%, frente al resto de los contribuyentes que han operado bajo el imperio de la ley”, dice un texto firmado por Pujals y Melgen.
Consideran que la promulgación de esta ley crea un “riesgo moral”, incitando a los contribuyentes a eludir el cumplimiento de las obligaciones tributarias que es un deber fundamental según el artículo 75.6 de la Constitución.
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