Aseguran es “grueso” el caso contra Gonzalo y su alfil Pepín por manejo irregular de $19,000 millones
Redacción/elCorreo.do
SANTO DOMINGO: La organización cívica “Sed de Justicia” puso a Gonzalo Castillo (el Penco) y su alfil Ramón Pepín en la cancha del Ministerio Público con un voluminoso expediente por hechos irregularidades en Obras Públicas donde ambos fueron ministros, donde se alega manejaron a su antojo 19,000 millones de pesos en asfalto.
Según supo este diario, el expediente tiene mucho sustento, por lo que no se descarta que Castillo y Pepín pudiesen ser los primeros altos cargos en ser llamados “a tomarse un cafecito” con los investigadores.
El expediente fue depositado el lunes en la Procuraduría General de la República por una comisión de la directiva de la entidad de la sociedad civil, encabezada por el empresario Franc Rosario y el abogado Luis Aybar.
La organización acusa a ambos funcionarios de violar los artículos 166, 167, 174, 175, 176 y 361 del Código Penal que contemplan y sancionan la prevaricación, concusión, el delito de los funcionarios que se hayan mezclado en asuntos incompatibles con su calidad y el perjurio.
Plantea que Castillo y Pepín supuestamente cometieron malversación de fondos públicos, peculado y otras infracciones de tipo penal en sus funciones mediante la compra grado a grado de material asfáltico por un monto de RD$19,000 millones en el período abril-septiembre de 2019 y enero-marzo de 2020.
Precisa que en fecha 24 de enero de 2019 el Ministerio de Obras Públicas fue advertido mediante instancias privadas que debía abstenerse de continuar el trámite de la adjudicación de la compra de ese material asfáltico sin realizar procesos competitivos, publicitados y bajo esquemas de transparencia.
“Pese a los reclamos de suspensión de las compras hechos por casi toda la opinión pública, y acciones legales directas de partes interesadas, los referidos funcionarios ignoraron las exigencias de la ley”, expresa la denuncia-querella.
La organización considera que el país debe salir airoso del cáncer de la corrupción “para garantizar a las nuevas generaciones el disfrute de una nación sustentada en firmes valores de honestidad y pulcritud en el manejo de los fondos públicos”.
El escándalo
Fue el pasado noviembre cuando diputados de los partidos de oposición consideraron que el Ministerio Público debe iniciar una investigación basada en las denuncias de irregularidades en el Ministerio de Obras Públicas presentadas en el programa de televisión “El Informe con Alicia Ortega”.
El indicado espacio de investigación periodística, sustentó la indagatoria con la contratación de 11,500 millones de pesos en la compra de hormigón asfáltico caliente, ejecutada durante los cinco meses previos a las primarias de los partidos de la Liberación Dominicana (PLD) y Revolucionario Moderno (PRM), celebradas el 5 de octubre último.
La investigación
En la investigación presentada por El Informe, los contratos para la compra del asfalto utilizado en su mayoría en provincias del sur fueron adjudicados a empresas ya pre aprobadas por el exministro de Obras Públicas, en la modalidad de excepción, sin que se cumpliera con los requisitos establecidos en la ley.
La periodista Ortega solicitó, vía la Oficina de Libre Acceso de la Información Pública de este ministerio, detalles concretos sobre algunos de estos contratos, pero la directora Jurídica de Obras Públicas contestó que debía esperar a que la Contraloría concluyera la investigación de una impugnación sobre el proceso de excepción que contrató a cuatro empresas por mil 200 millones de pesos.
Otras de las irregularidades reveladas en el espacio fue la contratación de dos empresas para el asfalto de la misma cantidad de kilómetros, pero para una el costo fue de 300 millones de pesos y para otra fue la mitad.
La renuncia de Gonzalo
El Informe resaltó el hecho de que el mismo día que Castillo anunció su renuncia del ministerio bajo su dirección, se publicó uno de los siete procesos de sección de los alegados contratos irregulares patrocinados por Obras Públicas.
El proyecto que se ejecutó en Azua, Higüey, La Romana, Constanza y Villa Consuelo, involucró siete procesos de compra por excepción y casi 40 empresas pre aprobadas y contratadas por RD$300 millones cada una.
Los siete procesos realizados para la compra del hormigón presentan una desnaturalización del proceso de excepción para poder violar la ley 340-06, sobre compras y contrataciones de bienes.
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