Nacionales

Aseguran el “faraón” Henry Molina también controla libre acceso a la información en la SCJ

Redacción/elCorreo.do

SANTO DOMINGO: Además de las denuncias hechas por sus propios pares dentro del Poder Judicial, que lo acusan de corrupción y prevaricación, el magistrado Luis Henry Molina es señalado por supuestamente montar un tinglado interno en la Suprema Corte de Justicia con el propósito de frenar las críticas e investigaciones a su gestión mediante el control de la Oficina de Libre Acceso a la Información Pública.

Aunque no se le conoce como jugador de baloncesto, se dice que el presidente de la Suprema tiene un poderoso equipo o quinteto a lo interno de ese alto tribunal, por cuyas manos debe pasar todas señas y jugadas de todo lo que se mueve en esa jurisdicción.

Según la denuncia hecha por la comunicadora Julissa Céspedes a través de CDN canal 37, un equipo llevado por el magistrado Molina tiene absoluto control del sistema de justicia y que allí no se mueve una pluma si el propio presidente o uno del quinteto, le llaman, no lo autoriza.

“El caso es tan extremo que la oficina de Acceso a la Información Pública, que es un área de comunicación, ha sido llevada a la presidencia de la Suprema Corte, o sea, que si usted necesita una información del juzgado de paz de Catana Matías tiene que pedirla a Henry Molina”, refiere la comunicadora.

Te puede interesar:   Exorbitantes bienes declarados por funcionarios del nuevo Gobierno se convierten en plato fuerte para debates

Sostiene que “más grave aún es el hecho de que Molina ha creado una estructura paralela en la Jurisdicción Inmobiliaria, esa que establece el derecho de propiedad de toda la tierra en este país, que apaña, oculta y mueve personas y expedientes a discrecionalidad del famoso quinteto”.

Expresa que el hecho de que el entonces presidente Danilo Medina escogiera a Molina en la famosa reunión del Consejo de la Magistratura, porque solo le importan las lealtades, es harto conocido.

“Pero lo que no sabíamos es hasta dónde llega el control y sobre todo el impacto de ese control en la gran demanda ciudadana que es la lucha contra la corrupción y la impunidad”, agregó.

Lo que dice la ley

De ser cierta la denuncia, ese control de la información pública, que equivaldría a censura previa, ejercida justamente por el presidente del Poder Judicial, constituye una violación al artículo 8, inciso 10 de la Constitución de la República establece que:

Te puede interesar:   PGR avanza en planes contra COVID-19 en La Victoria; aparecen 37 reclusos positivos

“Todos los medios de información tienen libre acceso a las fuentes noticiosas oficiales y privadas, siempre que no vayan en contra del orden público o pongan en peligro la seguridad nacional”.

Asimismo, choca de frente con la Ley 200-04 sobre el libre acceso a la información pública, que sustenta ese derecho constitucional señalado más arriba.

Precisamente, el articulo uno de esa ley establece con claridad que “Toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información completa, veraz, adecuada y oportuna de cualquier órgano del estado, incluyendo organismo y entidades de la administración pública, organismos autónomos, centralizados y descentralizados del Estado”.

En tanto que el articulo 2 sostiene que ese derecho a la libre información comprende el derecho de acceder a las informaciones contenidas en actas y expedientes de la administración pública, así como estar informado debidamente cuando lo requiera de las actividades que desarrollan entidades y personas que cumplen funciones públicas siempre y cuando este acceso no ponga en peligro la seguridad nacional”.

Con el agua puesta

Te puede interesar:   Empresa societaria de Alexis Medina que más dinero recibió según expediente

Desde hace ya un año, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, enfrenta un escenario complicado e inédito en los 176 años de historia del Poder Judicial en la Republica Dominicana, que ha puesto de rodillas la majestad de la justicia como nunca antes se había visto.

A ese escenario ruidoso y no menos nebuloso, ahora se suma su interés por el control de la información pública desde su despacho, lo que constituye una afrenta a un derecho constitucional que le asiste al ciudadano.

Se trata de un presidente de la SCJ que es cuestionado por el mismo Poder Judicial, con sentencias sin precedentes, por ejemplo, como la que se dio el 2 de octubre 2020 en el Tribunal Superior Administrativo (TSA) ordenándole reabrir “de manera inmediata” el servicio de justicia dándole ganancia de causa al Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), que así lo reclamaba.

Publicaciones relacionadas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba