Redacción/El Correo
La instalación de manera oficial de la magistrada Gisela Cueto como procuradora electoral no es garantía de que esa instancia vaya a funcionar adecuadamente, a juzgar por el comportamiento de los fiscales que debieron actuar durante el frustrado proceso de febrero pasado.
Aunque no existía entonces ese persecutor, la Procuraduría General de la República, de manera teórica, habilitó a más de 100 fiscales a nivel nacional para que recibieran denuncias y actuaran en los casos de violaciones a la Ley del Régimen Electoral que sanciona, incluso con severidad, los delitos electorales.
Sin embargo, esos fiscales no estuvieron al alcance de quienes trataron de contactarles durante las pocas horas que se estuvo votando el 16 de febrero hasta que la Junta Central Electoral (JCE) suspendió los comicios cuando colapsó el voto automatizado.
En una entrevista en el programa de televisión Geopolítica, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Manuel María Mercedes, informó sobre la apatía de los fiscales ordinarios que en toda la geografía de la República fueron habilitados para actuar como fiscales electorales.
Detalló que trataron de contactar a los fiscales, con el resultado los teléfonos del 80 por ciento fueron contestados por sus asistentes, sólo el 10 por ciento atendió el teléfono con la promesa de actuar, y el otro 10 por ciento respondieron sus choferes, cifras que concuerdan con las ofrecidas por Participación Ciudadana.
La Comisión de DD.HH tomó los números de los fiscales de una lista que la PGR publicó en algunos diarios nacionales el viernes antes de los comicios.
Lo más grave, conforme el relato de Mercedes, es que las secretarias que respondieron no sabían nada sobre lo que se les hablaba, mostrando una falta de información absolutamente inexplicable, si se toma en cuenta que la Procuraduría General había informado que se había instruido lo suficiente.
En el caso de los fiscales que respondieron y prometieron investigar no se pudo documentar ninguna actuación, ya que luego tampoco aparecieron y finalmente las elecciones fueron abortadas.
Los choferes que atendieron los teléfonos de los fiscales prometieron pasar el mensaje a sus superiores, lo cual no se sabe si hicieron, pues jamás volvieron a responder.
Es decir, señaló Mercedes, que la logística anunciada por la PGR en febrero pasado, dejó mucho que desear y es muy probable que de haberse continuado con las elecciones habrían sido nulos los casos que esos fiscales procesaran con esa apatía.
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