Anuncio Gobierno busca firmas abogados para recuperar dinero robado apunta a seriedad de persecución
Redacción/elCorreo.do
SANTO DOMINGO: El anuncio este lunes de que el Gobierno evalúa unas quince firmas de abogados para que se encarguen de darle continuidad a la persecución de los escándalos de corrupción y malversación de fondos del Estado, significaría que la administración de Luis Abinader marchará con seriedad en esa dirección.
El anuncio lo hizo Pedro Montilla, sub-consultor jurídico del Poder Ejecutivo, quien dijo que los nombres de esas firmas no pueden ser de conocimiento público porque estas pueden ser objetos de amenazas por parte de la empresa que va a perseguir.
Garantizó que esas firmas que se van a contratar serán “de personas serias, honestas y con tradición”.
En su alocución a la nación el pasado jueves, el presidente Luis Abinader garantizó que está instruyendo a la consultoría jurídica “a contratar de manera inmediata a abogados idóneos para que representen los intereses del Estado en las acciones tendientes a recuperar el patrimonio sustraído y exigir las indemnizaciones por los daños causados”.
Montilla asegura que esos abogados iniciarán con el proceso luego de culminar con las auditorías, ya que la acción pública no la puede perseguir más nadie que no sea el organismo correspondiente, en este caso la Cámara de Cuentas y la Contraloría General de la República.
“Cuando hay un hecho que cabe dentro de la violación al derecho público al Estado, el Ministerio Público tiene lo que se llama la acción pública, esa acción pública no la puede perseguir más nadie, el Estado contrata un abogado privado para que sea el actor civil”, indicó el funcionario al cotidiano Listín Diario.
Dijo que el presidente Abinader no va a presionar a la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, para que haga una acción pública.
“Que ellos hagan su trabajo tranquilos y cuando presenten la acción pública el gobierno a través de diferentes firmas de abogados presentará la acción civil”, indicó.
Puntualizó que en el caso Odebrecht, implicaría la contratación de una firma de abogados extranjera ya que es una compañía que cotiza en la bolsa internacional.
