Amplio recuento de sonados casos de corrupción en América Latina incluye Gobierno de Danilo Medina

Redacción/elCorreo.do

SANTO DOMINGO: Con la esperada, pero a la vez sorpresiva condena a cadena perpetua más 30 años de cárcel, dictada por el juez Kevin Castel, del tribunal federal de Nueva York por narcotráfico contra Juan Antonio «Tony» Hernández, hermano del presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, se confirma la expresión de que la corrupción en América Latina no para de crecer.

De tantos casos, ya la vinculación, investigación, arresto, enjuiciamiento y condena de mandatarios latinoamericanos en funciones o pasados, son tan frecuentes como la noticia de que un perro mordió a una persona.

El involucramiento de presidentes, principales colaboradores y familiares de los mandatarios se ha convertido en una acción tan frecuente, que ya ni asombra, independientemente de la veracidad o no de los hechos imputados.

En el recuento de los casos más sonoros de corrupción hay que incluir la administración de Danilo Medina y el Partido de la Liberación Dominicana, varios de cuyos colaboradores y familiares del ex mandatario están en prisión o con procesos abiertos en investigación por el Ministerio Público.

Tan cierto es lo anterior, que tras estallar el escándalo del pago de soborno por parte del consorcio constructor Odebrecht, en el 2017, al menos 19 expresidentes estaban bajo investigación o ya condenados por este y otros casos de corrupción.

Las sospechas pendieron como espada de Damocles sobre otros seis gobernantes y un vicepresidente acusado y otro encarcelado, así como una cantidad casi imposible de cuantificar de exministros.

La región no es ahora más corrupta de lo que era hace años, pero la diferencia es que, tal vez por primera vez en la historia, la Justicia a veces simuló actuar de forma independiente, aunque en el fondo nunca lo fue.

República Dominicana: en 1986, luego del presidente Salvador Jorge Blanco terminar su mandato y ser acusado de incurrir en malversación de fondos públicos, y sus titulares de la Presidencia, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, asesor presupuestario, entre otros, fueron enviados tras las rejas.

El ex mandatario fue condenado a 20 años de prisión y el pago de varios millones a favor del Estado, en un juicio que no pocos calificaron de venganza política.

Con el devenir de los años, siguieron las vendettas entre los partidos que se sucedieron en el poder, siendo el más reciente las acusaciones contra familiares y cercanos colaboradores del ex presidente Danilo Medina, quien contrario el mandatario hondureño, ha preferido el silencio en el caso de sus hermanas(a).

Joao Santana y Danilo Medina

Una certificación de la Contraloría General de la República (CGR), obtenida por la entonces diputada opositora Faride Raful, a mediados de 2018, reveló contrataciones por más de 1,300 millones de pesos de dos organismos gubernamentales con igual número de empresas de los esposos Joao Santana y Mónica Moura, tenidos como “los instrumentos políticos” de Odebrecht que asesoraron las campañas electorales de Danilo Medina.

Las contrataciones y pagos a las empresas Polis Caribe y Cine&Art2013 comenzaron el mismo día de la juramentación presidencial de Medina, el 16 de agosto del 2012, y se extendieron hasta enero del 2017, 11 meses después de que los dos publicistas fueran arrestados en Brasil al llegar desde Santo Domingo y procesados por corrupción pasiva y lavado de activos.

Se llegó a asegurar que fue tal la influencia de la pareja en el país, que pudo haber superado a los otros 10 países involucrados en lo que se ha estimado el mayor escándalo de corrupción internacional de la historia.

Lo anterior se sostiene en el hecho de la pareja haber estado despachado desde el Palacio Nacional, asesorando la campaña del 2016, cuando fueron requeridos por la justicia brasileña.

Aunque detenidos en su país, Los Santana siguieron cobrando sus contratos, rumoreándose que a través de sus hijos que permanecieron al frente de las referidas empresas.

Los más sonados de Latinoamérica

Honduras: El magistrado Castel, quien dictó la sentencia en Estados Unidos contra Juan Antonio Hernández, indico que, «basado en la libre elección del acusado de involucrarse en una vida de tráfico de drogas durante un período de 12 años, que afectó la vida de personas en los Estados Unidos y en Honduras, una sentencia de cadena perpetua es muy merecida».

Al respecto su hermano presidente dijo, antes de conocer el fallo, que la noticia iba a ser «dolorosa» para su familia.

«La noticia que se espera de Nueva York será dolorosa. ¿Y qué más se puede decir de un juicio en el que el testimonio del principal «cooperador» de los fiscales ahora queda expuesto por las grabaciones secretas de la propia DEA como una mentira?», escribió el mandatario.

Tony Hernández fue declarado culpable de narcotráfico en 2019, y durante su proceso, la Fiscalía de Nueva York implicó al actual gobernante con el narcotráfico, calificando al país centroamericano de «narcoestado», afirmaciones que fueron de inmediato rechazadas por Hernández.

La Fiscalía pidió al juez Castel, que presidió el caso, condenar a Tony Hernández a cadena perpetua por «narcotráfico apoyado por el Estado», así como a la restitución de 138 millones de dólares de «dinero teñido de sangre» obtenido a través de su organización criminal para el tráfico de estupefacientes y al pago de una multa de otros 10 millones de dólares.

Por su parte, la defensa solicitó dictar la menor sentencia posible, 40 años de cárcel, y en un escrito dirigido a Castel expresó que el proceso estaba politizado, acusando a la Administración estadounidense de querer forzar un cambio de Gobierno en Honduras.

Tony Hernández fue diputado en el Parlamento de Honduras entre 2014 y 2018 y fue detenido el 23 de noviembre de 2018 en el aeropuerto de Miami acusado de traficar cocaína con destino a EE.UU., posesión de armas y mentir a las autoridades estadounidenses.

Otro presidente hondureño señalado fue Rafael Callejas, quien se declaró culpable en 2016 de haber cometido actos de corrupción en su posterior etapa al frente de la federación de fútbol del país.

Aunque reiterativo, es noticia

La detención o el procesamiento de presidentes y expresidentes latinoamericanos se ha vuelto tan habitual que podría llegar a convertirse en algo que no constituye novedad.

Sin embargo, cuando se produce este tipo de acontecimientos siguen ocupando portadas de periódicos y llenando muchos minutos de los informativos radiofónicos y televisivos.

Guatemala: Varios expedientes instrumentados contra jefes de Estado que se creían impolutos, se convirtieron en verdaderas sorpresas, como fue el caso del expresidente guatemalteco Álvaro Colom.

Junto a él, fueron a prisión nueve exministros de su gabinete, lo que resulta especialmente la cárcel varios de sus miembros ministeriales y de menores cargos, al ser señalados por testigos como beneficiarios de los sobornos de Odebrecht.

Otro no menos sonado fue guatemalteco fue el que se produjo en 2017, cuando la Fiscalía quiso procesar en 2017 al presidente Jimmy Morales por el cobro de un sobresueldo mensual de 6,858 dólares por ser comandante general de las Fuerzas Armadas.

El Tribunal Supremo rechazó la petición después de que Morales devolviera el dinero. Quien sí continuó procesado fue el exministro de Defensa Williams Mansilla.

Mientras, el ex presidente Otto Pérez Molina fue enviado a prisión preventiva en 2015, acusado de diversos delitos, al igual que su vicepresidenta, Roxana Baldett, condenada a 15 años y seis meses por el fraude en el proyecto de saneamiento del lago de Amatitlán.

El expresidente Alfonso Portillo, condenado en 2014 por un tribunal estadounidense, luego de su extradición, por intentar lavar dinero procedente de sobornos del gobierno de Taiwán, para el mantener el reconocimiento diplomático.

Jorge Serrano Elías, luego de dar un autogolpe, parecido al de Alberto Fujimori en Perú, en 1993, pero en el caso hondureño la presión social y la falta de apoyo militar le obligaron a huir a Panamá. La Justicia de su país le reclamó a él, y varios de sus familiares, por varios casos, incluyendo los de corrupción.

El caso hondureño ha alcanzado tal nivel de corrupción, que de los 10 mandatarios que ha tenido el país desde 1991, cuatro fueron perseguidos o condenados por la Justicia, mientras la lista de exministros es significativamente más larga.

Brasil y Perú

Como se ha citado antes, el caso Odebrecht ha afectado de manera preponderante a los mandatarios de los últimos años, incluyendo los de Guatemala, Brasil (centro de los sobornos) y Perú, donde casi todos fueron acusados y encarcelados.

Cierto es que en el caso del ex presidente brasileño Inacio Lula da Silva, su acusación basada en un expediente con fabulaciones de alegados hechos por parte de fiscales y jueces.

Seis de los siete presidentes “democráticos” peruanos que ha tenido el país desde 1985 se han visto salpicados por casos deshonestos, independientemente de su culpabilidad o no.

Michel Temer, Dilma Rousseff, Lula da Silva, Fernando Collor de Mello, José Sarney y Fernando Henrique Cardoso, han tenido que responder por las acusaciones que en su momento se les formularon.

En Perú ha sido un chorro de presidentes acusados, siendo el más emblemático el de Alberto Fujimori, quien ascendió al poder tras ganar las elecciones desde 1985 y forzado su reelección. Sus hijas(a), Keika y Kenji Fujimori, han afrontado problemas derivados de actos corruptos.

Después de Fijimori, padre, haber sido condenado por delitos de lesa humanidad en 2007, en 2009 fue sentenciado también por corrupción. Actualmente su existencia discurre entre la cárcel y el hospital, debido a graves dolencias, aunque Pedro Pablo Kuczynski (PPK), le concedió el indulto humanitario.

Sobre PPK, Odebrecht informó al Congreso peruano que le había pagado US$4,8 millones a dos firmas de asesoría vinculadas al ex mandatario.

Alan García, quien se suicidó de un tiro en la cabeza, cuando se le iba a detener en su residencia, por su vínculos, junto a varios de sus ministros de haber cobrado comisiones ilegales de la empresa brasileña Odebrecht para adjudicarle la construcción de la Línea UNO del Metro de Lima.

El expresidente Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia, cumplieron una medida de 18 meses de prisión preventiva por los delitos de lavado de activos en detrimento del Estado y asociación ilícita para delinquir, relacionados con el caso Odebrecht.

Alejandro Toledo, quien se encuentra fugado en EE.UU, fue señalado por haber recibido un soborno de US$20 millones de la construcción Odebrecht.

En El Salvador, el presidente Francisco Flores, fallecido en enero de 2016, cuando comenzaba el juicio por alegadamente apropiarse de 15 millones de dólares donados por Taiwán para la lucha contra la pobreza y ayudar a los afectados por terremotos.

Su sucesor, Antonio Saca, está en prisión por tres casos diferentes de enriquecimiento ilícito y cohecho, y Mauricio Funes, fugado en Nicaragua desde septiembre de 2016,  para no hacer frente a las acusaciones que pesan sobre él por enriquecimiento ilícito.

Panamá: el empresario y ex presidente Ricardo Martinelli guardó prisión provisional en Miami (EEUU), siendo extraditado a su país, donde espera ser juzgado por el uso de programas espías para vigilar a sus enemigos políticos, empresariales e, incluso, a una supuesta amante.

Argentina, la ex presidenta y actual vicepresidenta de la República, Cristina Fernández de Kirchner, se vio envuelta en tres procesos judiciales por corrupción: Dólar Futuro (administración fraudulenta y perjuicio a la administración pública); Lázaro Báez (empresario kirchnerista supuestamente favorecido en su administración), y Sauces S.A., por la que fue procesada junto a sus hijos, Máximo y Florencia, al considerar que a través de la inmobiliaria familiar cometió un presunto lavado de dinero.

Ecuador: El ex vicepresidente Jorge Glass fue condenado a seis años de prisión por recibir 13.5 millones de dólares de Odebrecht, en el gobierno de Rafael Correa.

Colombia: Si bien el ex presidente Juan Manuel Santos no ha sido acusado formalmente, la Fiscalía de Colombia sostiene que Odebrecht aportó fondos para su campaña electoral, así como a la de su rival Oscar Iván Zuluaga.

México: En 2014, la periodista Carmen Arístegui reveló un escándalo que implicaba al presidente Enrique Peña Nieto y su mujer, Angélica Rivera, vivían en una lujosa mansión que estaba a nombre de una filial de la constructora Grupo Higa, la que había logrado millonarios contratos con el estado cuando Peña Nieto era su gobernador. El propio mandatario ordenó una investigación, que concluyó que no existía ningún conflicto de intereses.

Venezuela: La publicista brasileña Mônica Moura, implicada en el caso Odebrecht (y que fue junto a su esposo el también publicista Joao Santana, huésped distinguida del gobierno de Danilo Medina, dijo que el presidente Nicolás Maduro le pagó 11 millones de dólares en efectivo y no declarados en 2012.

También el juez relator del caso Lava Jato en Brasil, Edson Fachin, apuntó en un documento hecho público que el entonces canciller Nicolás Maduro “exigió que Mônica Moura recibiese casi todos los valores pagados, a través de pagos hechos por las empresas Odebrecht y Andrade Gutiérrez”.