Redacción/elCorreo.do
SANTO DOMINGO: Pese a las advertencias y materialización por parte del presidente Luis Abinader, al menos 72 funcionarios nombrados mediante decretos figuran en una lista de la Cámara de Cuentas por no haber depositado sus declaraciones juradas de bienes.
Conforme al documento subido por el organismo en su cuenta virtual incluye además otros 411 funcionarios, nombrados durante el mandato de Danilo Medina y que cesaron en sus atribuciones por decretos de Abinader, que se encuentran en falta por este concepto.
En la lista de actuales y anteriores servidores públicos que deben informar su actual patrimonio en cumplimiento de la Ley 311-14, supera actualmente los 4,000 componentes, correspondiendo mayoritariamente a los gobiernos municipales o alcaldías.
El artículo cinco de la Ley 311-14 sobre Declaración Jurada de Patrimonio dispone un plazo de 30 días siguientes a su toma de posesión para que los funcionarios presenten la declaración jurada de los bienes que constituyen su patrimonio y el de la comunidad conyugal.
Del mismo modo, el artículo 15 establece que los funcionarios que falseen su patrimonio pueden enfrentar hasta dos años de prisión y una multa de 20 a 40 salarios mínimos por parte del Gobierno.
En el catálogo de infractores se encuentran vigentes y ex directores generales, subdirectores, subadministradores, embajadores, cónsules y vice cónsules generales, diputados, alcaldes, regidores y vocales, los que aparecen identificados como “omisos” por el órgano de control fiscal.
La advertencia presidencial
Casi dos semanas después de asumir la dirección del Estado, el presidente Abinader advirtió que los funcionarios que no presentaran su declaración jurada de bienes al día 15 de septiembre quedarían suspendidos.
En cumplimiento de las advertencias hechas por el Abinader, fueron suspendidos alrededor de 15 funcionarios a través de los decretos 525-20 y 534-20, emitidos el 30 de septiembre y el 2 de octubre respectivamente.
Asimismo, que si no lo hacían pasadas tres semanas de la fecha límite, entonces quedarían removidos de sus cargos, lo que no ha ocurrido hasta ahora. “Si en tres semanas posterior al día 15 de septiembre no entregan la declaración jurada de bienes entonces (el funcionario) estará destituido”, expresó en una rueda de prensa el gobernante.
Pero la tolerancia ha sido mayor, porque la Cámara de Cuentas amplió en 13 días para recibir la documentación, siendo la nueva fecha el 28 de septiembre, después de varias quejas por parte de usuarios que tuvieron problemas con el portal digital de la institución.
Las declaraciones del jefe de Estado fueron ofrecidas después de que el presidente de la Cámara de Cuentas, Hugo Álvarez Pérez, revelara que hasta la ampliada fecha límite “sólo la mitad de los servidores públicos (tanto actuales como de la pasada administración) habían presentado su declaración jurada.
Este dato enfrentaba las aseveraciones del gobernante, en el sentido de que todos los ministros y directores generales de instituciones públicas ya habían depositado los documentos solicitados por la institución.
Unos 15 funcionarios fueron suspendidos hace algunas semanas por el jefe del Estado al estar omisos en la presentación de sus declaraciones de bienes.
No se revelado si cumplieron o si aún continúan suspendidos sin disfrute de salarios.
