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Afán de civiles por disponer de escolta militar es recurrente tema de discusión por décadas

Redacción/elCorreo.do

SANTO DOMINGO: Aunque en ninguna de sus partes las leyes que regulan las instituciones castrenses y policiales establecen la asignación de sus miembros a ciudadanos que no ostenten o hayan ejercido funciones públicas, sus titulares de todas maneras lo hacen.

La observación viene a propósito de la reciente reducción y posterior eliminación del número de seguridad a un periodista, cuyos integrantes eran familiares cercanos suyos o de su cónyuge.

Esta práctica no sólo es violatoria de la Constitución, sino también de las leyes, porque es una vía de protegerlos, acumular “méritos” para merecer ascensos, muchos de los cuales en ocasiones estudian o residen en el exterior.

Según establecen las leyes orgánicas 139-13 y 590-16, de las instituciones castrenses y la Policía Nacional, su principal misión es defender la integridad territorial y el orden público, respectivamente.

Sus articulados sólo establecen que tienen derecho a recibir protección personal y familiar los ex presidentes y vicepresidentes constitucionales, así como ex titulares del Ministerio de Defensa y directores, además de generales y coroneles.

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La violación de esas disposiciones data de décadas, siendo una denuncia permanente el mantenimiento en nóminas de cientos de militares y policías que residen en el exterior o prestan funciones en empresas privadas.

El memorándum

Por eso, la prohibición realizada recientemente por el ministro de Defensa, teniente general Carlos Díaz Morfa, de “prestar o asignar” militares a entidades, funcionarios y exfuncionarios, fue tendencia en las redes sociales el memorándum donde se le habría asignado cuatro militares al ex cónsul en Brasil, el periodista Melton Pineda.

El indicado memorándum del ministro militar, además de precisar la prohibición de “prestar o asignar” militares, también contiene la contradicción que sí se puede, siempre y cuando cuente “con la debida autorización correspondiente”.

A través del memorándum número 21813, el alto oficial instruyó a los comandantes generales del Ejército Nacional, Armada y Fuerza Aérea descontinuar esa práctica.

Sin embargo, es un secreto a voces que cientos de ex funcionarios, familiares y amigos de “jefes”, empresarios, periodistas y otras personas, se les mantenga escoltas que muchas veces no son tales, sino que sirven de “asistentes en labores” que nada tienen que ver con preservar la integridad física del favorecido.

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También, las grandes plazas e instituciones privadas recién la colaboración de instituciones encargadas de evitar la ocurrencia de delitos, enviados a esos lugares con sus respectivas “autorizaciones correspondientes”.

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