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Aeropuerto en Bávaro y negocio de Boeing en Barahona no pagarán un peso al Estado durante años

Redacción/ElCorreo.do

SANTO DOMINGO: Las concesiones de construcción de un aeropuerto en Bávaro y el negocio de la Boeing en Barahona, con exenciones fiscales privilegiadas otorgadas mediante decretos del Poder Ejecutivo, violarían la Constitución de la República, la Ley de Incentivos Turísticos y la soberanía del Congreso Nacional, entre cuyas funciones está aprobar o desaprobar los contratos suscritos entre el Estado y los particulares.

Aunque los promotores y beneficiarios del aeropuerto de Bávaro –el Grupo ABRISA- han asegurado que en su proyecto, por el que no pagarán impuestos, el Gobierno dominicano “no invertirá ni un centavo”, es claro que se trata de una falsedad y una manipulación de la realidad, ya que será el Gobierno quien cargará con los temas de migración, seguridad, aduanas y controles fitosanitarios, entre otros.

No obstante, al conocer el proyecto, previo a su envío al Poder Ejecutivo para emitir el decreto de aprobación, la Comisión Aeroportuaria le dio el “visto bueno” a lo refrendado por el Consejo de Fomento Turístico (Confotur) que liberará a los beneficiarios del pago de toda carga impositiva, sin considerar que los promotores no cumplían con todos los requisitos previstos por la ley.

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Así lo hicieron saber los representantes de la Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes (Asonahores), que propusieron, sin éxito, a los directivos de Confotur, que sólo se concediera una aprobación provisional del proyecto, tras considerar que el mismo carecía de los permisos correspondientes que debe contar toda infraestructura portuaria, entre ellos permisos municipales, el anteproyecto arquitectónico y los planos de ingeniería.

Lo que dice la ley

En el caso del proyecto para ese aeropuerto, Confotur le aprobó exenciones fiscales totales durante 15 años, lo que representaría un sacrificio fiscal para el Estado de unos $4.403.9 millones de pesos, según estableció el Ministerio de Hacienda, en franca violación, además de la Carta Magna, a la Ley 158-01 de incentivo turístico, que exceptúa de esos beneficios los aeropuertos privados.

Además, los artículos 243 y 244 de la Constitución dominicana, establecen con claridad el régimen tributario, el cual está basado en los principios de legalidad, justicia, igualdad y equidad para que los ciudadanos puedan cumplir con el mantenimiento de las cargas públicas.

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Al abordar el tema de las exenciones de impuestos y transferencias de derechos, el artículo 244 de la Constitución es bien claro:

“Los particulares sólo pueden adquirir, mediante concesiones que autorice la ley o contratos que apruebe el Congreso Nacional, el derecho de beneficiarse, por todo el tiempo que estipule la concesión o el contrato y cumpliendo con las obligaciones que la una y el otro les impongan, de exenciones, reducciones o limitaciones de impuestos, contribuciones o derechos fiscales o municipales que inciden en determinadas obras o empresas hacia las que convenga atraer la inversión de nuevos capitales para el fomento de economía nacional o para cualquier otro objeto de interés social. La transferencia de los derechos otorgados mediante contratos estará sujeta a la ratificación por parte del Congreso Nacional”.

Asimismo, el artículo 93 de la Constitución faculta al Congreso Nacional a establecer los impuestos, tributos o contribuciones generales y determinar el modo de su recaudación e inversión.

Y de igual modo, aprobar o desaprobar los contratos que le someta el Presidente de la República

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El negocio con la Boeing

La noticia de que la Boeing instalará un centro de mantenimiento de aviones comerciales en la República Dominicana, que supondrá una inversión de unos 200 millones de dólares en sus primeros diez años, generará entre 1.500 y 2.000 empleos directos en su etapa inicial, ha levantado suspicacias en el sector turístico y empresarial.

La semana pasada, en una rueda de prensa en el Palacio Nacional, el señor Hahly Pichardo, socio local de la compañía estadounidense, aseguró que el centro de mantenimiento se instalará en el aeropuerto María Montez de la ciudad de Barahona –de por si cerrado- y su construcción comenzará el próximo marzo.

Dice Pichardo que la construcción se realizará en una zona franca, para beneficiarse de exenciones fiscales y de un régimen laboral especial y que el proyecto se levantará amparado en un contrato firmado con Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI, (Aerodom), empresa concesionaria del aeropuerto María Montez.

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