Redacción/elCorreo.do
SANTO DOMINGO: Aunque en los últimos meses se ha predicado como panacea para solucionar problemas que requieren de inversión inmediata, posición en la que lleva la voz cantante el presidente Luis Abinader, lo cierto es que las llamadas alianzas público privada no son una novedad y están muy lejos de que con las mismas el pueblo dominicano haya salido beneficiado.
El propio Abinader ha calificado como “infame peaje sombra”, el que tiene que pagar el gobierno con miles de millones de pesos anuales a los arrendatarios de la carretera del Nordeste, que una a Santo Domingo con Samaná.
Sin embargo, para conocer a fondo la modalidad habría que trasladarse a finales de los años 90 del siglo pasado, y muy especialmente al 7 de julio de 1999, fecha en que el Estado otorgó mediante contrato a la empresa Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom), la concesión para la administración , operación, mantenimiento, explotación económica, renovación y expansión de las terminales Las Américas, Gregorio Luperón de Puerto Plata, Doctor Joaquín Balaguer de Santo Domingo, Juan Bosch en Samaná, Arroyo Barril en la misma provincia nordestana y María Montez en Barahona.
Se destacó en ese momento que aunque “esa compañía no hizo las inversiones a que se comprometió, aumentó la tarifa que pagan los pasajeros de US$4.50 dólares a US$16.50, que le permitió a sus anteriores propietarios vender en US$1000 millones la concesión con el agravante de que no pagaron el impuesto de ganancia de capital por la operación”.
Negocios con esas características se han materializado con el Estado Dominicano en la minería, ingenios azucareros, generadoras eléctricas y otros sectores productivos en el último cuarto de siglo.
Aunque en principio no se le bautizó con ese nombre, lo cierto es que fueron en alianzas público-privadas como miles de millones de pesos han sido desembolsados por el Estado dominicano en los últimos años, gracias a contratos supuestamente “beneficiosos” para el pueblo. Sin embargo, los verdaderos beneficios sólo los han disfrutado las empresas privadas.
El tema ha sido abordado por importantes medios de comunicación que demuestran, como lo hace el Listín Diario del viernes, que estos contratos firmados en modalidad de concesión, donde la administración pública les entrega a compañías el derecho a explotar, operar y/o gestionar bienes o servicios públicos durante un tiempo determinado, han comprometido en numerosas ocasiones el futuro del país.
Ejemplos de contratos onerosos
Entre los casos que se pueden destacar están los de Aerodom, Cogentrix, una planta de energía; Barrick Gold y Punta Catalina.
Otro caso polémico ha sido el “peaje sombra” de las autopistas que comunican a Santo Domingo con Samaná, por el que el Gobierno ha pagado RD$26,835 millones para suplir el déficit del tráfico de vehículos por los peajes, casi duplicando la inversión inicial del proyecto y todavía restan 17 años para que finalice.
El negocio de los aeropuertos
La concesión a la empresa Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI, mejor conocida como Aerodom, se remonta al 7 de julio de 1999.
El acuerdo fijado entre el Estado dominicano, representado por el entonces secretario de Obras Públicas durante el primer mandato de Leonel Fernández, Diandino Peña, y la empresa concesionaria dominicana, consistió en la entrega de seis aeropuertos nacionales hasta marzo de 2030.
Los Aeropuertos Internacionales de Las Américas y el presidente Dr. Joaquín Balaguer, en Santo Domingo Norte; Gregorio Luperón, en Puerto Plata; María Montez, en Barahona; Juan Bosch y el Aeródromo Arroyo Barril, en Samaná, fueron los bienes cedidos a la concesionaria.
Con la firma, Aerodom se comprometía a administrar, operar, renovar, expandir, brindar mantenimiento y explotar económicamente a los aeropuertos, además de encargase de la movilización de millones de pasajeros y de 49 aerolíneas. En aquel entonces el Gobierno entendía que privatizar los aeropuertos era la “opción ideal”, no obstante, el problema se inició precisamente a partir de la signatura del contrato y sus adendas.
Con el fin de recuperar su inversión original de casi US$119 millones, Aerodom le exigió al Estado dominicano introducir al contrato de concesión un “equilibrio económico” que garantizaría “el rendimiento en la ejecución del proyecto”.
Según el artículo 11.1 del contrato, el Gobierno dominicano y la Comisión Aeroportuaria han tenido que incurrir en “medidas compensatorias” para asegurar el “equilibrio” de la concesión, cuyas consecuencias no han dejado de manifestarse en el fisco.
Las facilidades otorgadas por el Estado le permiten a la empresa operar los aeropuertos del país con exención total de impuestos, así como retener “en sus manos y su beneficio” la tasa de US$1.30 que debe pagar al Departamento Aeroportuario por cada pasajero que entra o sale del país.
A esta “gracia” también se le agregan las cuantiosas cifras que devenga Aerodom por el uso de rampas, espacios, pistas, parqueos y otros servicios dentro de los aeropuertos, además de la extensión de la vigencia del contrato por otros cinco años.
Los beneficios antes mencionados son citados en la resolución firmada el 8 de marzo de 2004 por el exsecretario de Obras Públicas, Miguel Vargas Maldonado.
Según la resolución, los fondos provenientes de la retención que realiza Aerodom serían destinados para la construcción del Aeropuerto Internacional de El Catey (Samaná), ya que la empresa argumentó “no poder cumplir con su programa de inversión en las obras” por no haber obtenido el financiamiento a largo plazo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
¿Por qué “Equilibrio Económico”?
Gracias a la cláusula de “Equilibrio Económico” Aerodom pudo recibir ayuda financiera del Gobierno para culminar proyectos que debían ser financiados con fondos propios.
La concesión aprobada por el Congreso Nacional estipula que la empresa “tiene el derecho a recurrir al equilibrio económico” cuando exista “disminución del tráfico de pasajeros en los aeropuertos a niveles significativamente inferiores a los previstos en la oferta hecha por la Concesionaria”, “devaluación significativa del peso dominicano” y “perturbación sostenida del entorno económico causado por la hiperinflación”.
Este presunto “equilibrio” le permitió a la empresa renegociar total o parcialmente el contrato, posponer compensaciones, modificar cláusulas y/o anexos, ampliar plazos, modificar la estructura tarifaria y cualquier otra medida que considere “conveniente”.
En 2016 la compañía pasó a formar parte de la plataforma aeroportuaria internacional Vinci Airports, luego de que el grupo concesionario adquiriera la mayoría accionaria.
Punta Catalina
A mediados de marzo de 2020 la CDEEE anunció que pagaría US$395 millones al consorcio Odebrecht-Technimont-Estrella como un “pago adicional” a los US$1,945 millones que ya había desembolsado para la construcción de la termoeléctrica Punta Catalina.
La constructora había reclamado en julio de 2017 que el Gobierno dominicano debía pagarles US$973.2 millones por “trabajos adicionales” y “extensión de tiempo”. En junio de 2018 el Gobierno creó un fondo de US$336 millones para terminar la planta eléctrica y más tarde pagar US$59.5 millones más.
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