Redacción/elCorreo.do
SANTO DOMINGO: El administrador general de la Lotería Nacional, Teófilo “Quico” Tabar, recomendó al Ministerio de Hacienda proceder a la cancelación del permiso emitido a las loterías que aún no se han irregularizado en el país.
La petición fue hecha por Tabar a través de un audiovisual sobre la situación, en el que llamó al citado Ministerio a proceder en ese sentido, al tiempo de considerar que el organismo “ha sido demasiado benevolente». respecto a la aplicación y fiscalización de los contratos con las loterías privadas».
«Luego de enterarme que los propietarios de las concesionarias de loterías electrónicas elevaron un recurso de reconsideración ante el Ministerio de Hacienda en contra de la reciente resolución 159-23 que busca la estandarización de los contratos suscritos por el Estado, entiendo que el Ministerio ha sido muy benévolo”, precisa.
En ese sentido, sostuvo que el Ministerio de Hacienda, “tiene potestad para declarar la nulidad de esos contratos”, al tiempo de instalarlo proceder de inmediato “a la anulación temporal o definitiva de los mismos y a la suspensión de los sorteos de las bancas irregulares”.
«Con esta medida, entiendo que los propietarios de las concesionarias tendrán que iniciar de inmediato el cumplimiento de sus obligaciones o acogerse a lo que dice dicha resolución», enfatizó el funcionario.
Se recuerda que el mes de julio de 2022, la Dirección de Casinos y Juegos de Azar (DCJA) del Ministerio de Hacienda inició el proceso de cierre definitivo de un grupo de bancas de apuestas que no estaban registradas y no se acogieron al plan de regularización de ese sector.
Agregó que con datos preliminares sobre las bancas registradas y que hicieron sus declaraciones en el plan de regularización, “la DCJA dispuso la incautación y clausura de aquellos negocios de azar que no habían entrado al proceso”.
Dijo que en esa ocasión, pidió ayuda a los sectores involucrados para identificar las bancas ilegales.
El Ministerio de Hacienda, a través de la DCJA, ha dicho que conforme a la ley 139-11, todos los contribuyentes que se acogieron al plan de regularización tienen la obligación del pago tributario, en vista de que en sus declaraciones juradas declaran la operatividad de sus bancas.
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