Redacción/elCorreo.do
SANTO DOMINGO: En estos momentos la República Dominicana se encuentra entre los primeros cuatro países con mayor cantidad de empleados públicos, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Refiere que en 2023, el país se posicionó en ese lugar que lo ubica con esa mayor proporción de puestos públicos en relación con el total de ocupados, representando un 13.7%.
En ese sentido, el Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES), destaca que para el segundo trimestre de 2024, de acuerdo con datos de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL), esta proporción se ubicó en 14.7% y 29.7% del empleo formal.
Asegura que al comparar con otros países de la región, solo Argentina (18.1%), Panamá (17.0%) y Uruguay (14.4%) presentaron una mayor proporción de empleados públicos. Asimismo, República Dominicana superó el promedio regional de 10.9% por 2.8 puntos porcentuales.
A julio de 2024, los datos de SISALRIL indicaban un número récord de empleados públicos: 733,824, cifra representa un incremento del 117.47% en comparación con los niveles de julio de 2009 (fecha desde donde hay datos disponibles), lo que refleja una tendencia sostenida al alza en la nómina pública.
“Este crecimiento no es insignificante, ya que el aumento del empleo público genera un impacto directo en el gasto gubernamental, que debe financiarse mediante impuestos o deuda pública”, precisa la publicación del CREES.
Observa que el presupuesto para 2025 “proyecta que las remuneraciones a empleados públicos alcanzarán el 24.14% del gasto total, lo que equivale al 4.42% del PIB, superando incluso la asignación del 4.0% destinada a la educación”.
Agrega que el reciente anuncio de un aumento en el gasto por RD$110,418 millones por parte del gobierno “probablemente incluye una porción destinada a las nóminas, incremento que es preocupante”.
Entiende que un país con déficit fiscal anual “debería controlar sus gastos para mantener la sostenibilidad de la deuda pública, porque destinar más recursos en esa área puede reducir fondos para inversión en sectores que impulsan el crecimiento económico”.
Concluye que esa situación puede resultar en menor eficiencia económica, ya que los empleos públicos adicionales podrían no contribuir significativamente a la productividad.
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