Panorama

Abogado favorecido con dudoso contrato de la PGR es aspirante a Defensor del Pueblo

Redacción/elCorreo.do

SANTO DOMINGO: El abogado José Martínez Hoepelman, quien ha calificado de “circo vergonzoso” la divulgación de los contratos de cuatro juristas por parte de la Procuraduría General de la Republica (PGR) en la gestión de Jean Alain Rodríguez, es de los aspirantes a la posición autónoma de Defensor del Pueblo.

La aspiración de por sí lo descalifica porque en su caso, platea un conflicto de intereses, toda vez que se trata de una persona con un contrato vigente hasta diciembre del año 2023 con una instancia del Gobierno como lo es la PGR.

Ese jurista, además, forma parte de la barra de abogados de la señora Maybeth Virginia Rodríguez Sánchez, hermana del ex procurador general, en su demanda por supuesta difamación contra el periodista Marino Zapete, la que ella retiró cuatro días antes del cambio de Gobierno.

Zapete había denunciado que a través del entones procurador general de la República, el Gobierno ejecutaba una campaña agresiva e intimidatoria en su contra  por mostrar en televisión varios contratos firmados por su hermana, en nombre de una empresa denominada Grupo Asimra, en violación de lo que establece la ley de Compras y Contrataciones Públicas

Cuando se fijó la audiencia para conocer el caso, el abogado de la demandante, Martínez Hoepelman, dijo que el procurador “no tiene nada que ver con la demanda”, sino que su hermana inició el proceso en contra del periodista a título personal.

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Un moralista

El 15 de octubre del 2019, Martínez Hoepelman dictó una conferencia en el centro regional de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) en Mao, Valverde, donde resaltaba las normas morales y éticas que debe observar quien ejerza las funciones de Defensor del Pueblo

En una nota de prensa enviada a los medios, el jurista destacaba que ese tipo de funcionario “debe ser una vía de probada eficacia, con proximidad manifiesta, rapidez innegable, imparcialidad contrastada y un alto grado de respuesta en la solución de conflictos, usando siempre la autoridad y nunca la potestad sancionadora de la cual carece, para actuar, así como salvaguarda de la ciudadanía”.

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