Redacción/elCorreo.do
SANTO DOMINGO: El abogado Edward Veras-Vargas manifestó que el reclamo social sobre el caso Odebrecht es para que haya justicia, pero advirtió que esta no puede aplicarse con lo que definió como casos fabricados, pruebas falsificadas o alteradas y “corruptos” e imputados favoritos.
El profesor universitario, miembro de la barra de defensa del abogado Conrad Pittaluga Arzeno, dijo que el pasado 5 de este mes presentó ante la Procuraduría General de la República una denuncia con varios anexos, entre ellos, un documento falsificado que la PGR adjuntó a la acusación del “caso Odebrecht”, y el original, sin alteración, tal cual le fue remitido al Ministerio Público.
“La denuncia fue notificada por acto de alguacil a los procuradores generales de la República adjuntos Wilson Camacho (encargado de la PEPCA) y Rodolfo Espiñeira Ceballos (titular de la PGR en el caso concreto, ante la inhibición de la actual titular Mirian Germán Brito), con la advertencia formal de que el uso del documento falsificado está penado por el Art. 148 del Código Penal” explicó.
Sostuvo que esa denuncia muy grave y seria, ya que las pruebas presentadas por el Ministerio Público fueron alteradas, incurriendo en el crimen de falsedad.
El documento “falsificado”
“La falsedad consistió en trastrocar el contenido de pruebas remitidas -a requerimiento del Ministerio Público- por la Constructora Norberto Odebrecht, para intentar atribuirle -a ese imputado- los pagos de sobornos hechos por dicha constructora al expresidente panameño Ricardo Martinelli, a través de la sociedad “Aragon Finance Corp”, aprovechando la similitud de dicho nombre con el de la entidad “Aragon Business Consulting, Ltd”, esta última propiedad de Conrado Pittaluga Arzeno, sociedad que jamás ha recibido pago alguno por parte de la referida constructora”, detalló.
Resaltó que la designación de Germán Brito como procuradora general de la República fue recibida por la comunidad jurídica “como un hito dentro de la vida institucional de la Nación, como el principio del fin de todo lo que representó la anterior gestión de ese despacho: una ruina institucional”.
“Sin embargo”, señaló, “doña Miriam no llegó al cargo llevando consigo todo el personal que la acompaña en esta nueva etapa de la Procuraduría. La mayoría de los procuradores generales de la República, aún aquellos designados por decreto, ya estaban en el Ministerio Público durante el ruinoso reinado de su predecesor, estando expuestos a las peores influencias y ejemplos”.
Dijo que “Jean Alain Rodríguez jamás comprendió que la misión de investigar el delito y ejercer la acción penal, requiere de estándares morales, que la ética de un fiscal no es la de cualquier litigante”.
Explicó que así como un predicador no puede ejercer su ministerio en paños menores, los miembros del Ministerio Público no pueden abandonar el deber de objetividad que les impone la ley, de buscar pruebas a cargo y a descargo, de apegarse estrictamente al debido proceso.
“Ese tipo de conductas, que fue el signo distintivo del Ministerio Público que encabezó Jean Alain Rodríguez, no debe tener cabida ni ser tolerada en una gestión de doña Miriam Germán Brito. El prestigio, la legitimidad y el buen nombre que ella endosa al Ministerio Público, después de una larga y oscura época en que todo se valía, se verían injustamente afectados”, acotó.
Argumentó que “la buena fama y la impoluta trayectoria de la procuradora importan, porque traen esperanza a una población incrédula, harta de los manejos turbios del pasado, pero no solo son activos: con ellos se adquiere el gran compromiso de que la institución transversalmente se ajuste a los altísimos estándares de quien la encabeza, aunque ella se haya apartado de un caso concreto”.
