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Abogada Laura Acosta asegura archivo definitivo caso Odebrecht sigue vigente hasta que un juez decida revocarlo

Por Suanny Reynoso

Redacción/elCorreo.do

SANTO DOMINGO: La bogada Laura Acosta aseguró este lunes que los archivos definitivos dispuestos por el ex procurador, Jean Alain Rodríguez, con los que fueron favorecidos ocho personas vinculadas al caso Odebrecht, siguen vigentes hasta tanto un juez competente decida su revocación.

Acosta hizo el señalamiento a propósito de la decisión del juez José Alejandro Vargas, que el pasado jueves declaro inadmisible una solicitud de revocación de ese archivo por parte de la entidad cívica Alianza Ciudadana, dictaminando que los mismos nunca fueron archivados.

“Él tenía la facultad de revocarlos, aun esa entidad no tuviera personería jurídica, si los mismos no eran conforme a la ley y él dijo que no lo hizo porque para ese ese archivo era inexistente, observando que la ley dice que cuando el Ministerio Publico decide archivar una querella, tiene que notificárselo al querellante en un plazo no mayor de cinco días y que no se cumplió con este requisito”, sostuvo la jurista

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Añadió que dentro del marco legal, ese procedimiento es para que el querellante, si está o no de acuerdo, se pronuncie en un plazo de diez días sobre esa intención de archivo expresada por el Ministerio Público.

“Yo creo que lo que hizo el magistrado Vargas con esto es justificar las razones por las cuales el no revoca el archivo, porque a su entender el archivo es inexistente, porque no cumplió con el voto de la ley”, apuntó.

 

Acosta explicó que en lo que concierne a los encartados, investigados o beneficiados con ese archivo, esas personas, evidentemente en ese proceso obtuvieron ganancia de causa, porque el archivo fue declarado inadmisible.

Los favorecidos con dicho archivo definitivo son el presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Temístocles Montás, el ex senador Julio César Valentín, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco; Rudy González, César Sánchez, Bernardo Castellanos, Máximo De Oleo y Radhamés Segura.

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La abogada indicó que “lo que va a ocurrir ahora es que el querellante, (el cantautor y alcalde de la provincia Santo Domingo Este) Manuel Jiménez, que se querelló previo al archivo, quien tenía el derecho de objetar ese archivo o de oponerse a él, que tenía derecho a que se le notificara ese archivo, puede entonces actuar en justicia y entiendo que ya anunció que lo hará”.

 

Insistió que esa decisión del juez Vargas abre una posibilidad jurídica para el querellante Manuel Jiménez de cuestionar u objetar ese archivo, pero que de ser ahí, el magistrado no podría decidir sobre ese aspecto porque ya prejuzgó el caso y dijo que el archivo es inexistente, lo que sugiere que sería conocido por otro magistrado.

 

Acosta  explicó que si se acepta como válida la teoría planteada por el magistrado Vargas, lo que persiste es un archivo provisional, es decir que el Ministerio Público tiene la posibilidad de que, si encuentra nuevos elementos de prueba suficientes para continuar con una investigación, puede levantar ese archivo provisional y sustentar una nueva acusación.

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Empero –aclaró- hasta que ese archivo definitivo emitido por el Ministerio Público, notificado a los encartados no sea revocado, ya sea por una actuación del querellante Manuel Jiménez, ese archivo persiste frente a los investigados, porque no ha desaparecido.

 

Expresó que una cosa es decir que el archivo no existe porque jurídicamente no se cumplieron con los requisitos de ley, porque están ahí y para que eso desaparezca es necesario que un juez se pronuncie, porque los beneficiados en todo momento pueden enarbolar ese archivo como fundamento de que a ellos ya no se les puede perseguir.

 

Dijo que si se quiere continuar con la investigación, lo ideal es que se revoque ese archivo a través de una acción del querellante.

 

 

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