Castaños Guzmán ve Gobierno tiene serio reto en elegir Cámara de Cuentas verdaderamente independiente

Redacción/elCorreo.do

SANTO DOMINGO: El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia, (FINJUS) Servio Tulio Castaños Guzmán consideró este miércoles que el gobierno del Presidente Luis Abinader  enfrenta un serio reto en su propuesta de elegir una Cámara de Cuentas (CC) al margen de los partidos políticos.

Al referirse a la elección de los miembros de la nueva Junta Central Electoral (JCE), que calificó de positiva, Castaños Guzmán expresó que hasta el momento los procesos que procuran la renovación de las altas cortes y los órganos constitucionales, entre los que figura la Cámara de Cuentas, ya se están transparentando.

“Todos estos procesos generan controversia porque son procesos políticos. Iniciar un proceso para elegir a quienes van a conformar un órgano político como la JCE, eso genera controversias, pero creo que el Gobierno debe seguir haciendo lo que está haciendo en materia de transparencia”, enfatizo.

El jurista alabó la decisión del Jefe de Estado de desprenderse de una parte de su poder al designar un Ministerio Público independiente, así como  el nombramiento de un miembro de la sociedad civil en la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas y propiciar una JCE y una CC sin parciales políticos.

Estimó que los presidentes deben actuar con prudencia, por lo  que entiende que Abinader hizo lo correcto, y en lo adelante  esas personas designadas  son las que tendrán que hacer su trabajo, porque se les hado la oportunidad de actuar correctamente  y crear las condiciones para corregir las que  se criticaron en el pasado

En el caso de la Cámara de Cuentas, que define como el órgano rector del sistema nacional de control y como en la actual coyuntura se han generado expectativas, muchas de las cuales, en su opinión, como la renovación institucional a lo interno del Ministerio Publico se han cumplido, es de esperarse  algunas   reacciones interesadas.

 “Tenemos que seguir apostando al fortalecimiento de los órganos que componen el sistema de justicia y de igual modo, continuar fortaleciendo a los órganos de controles del Estado, entre ellos el Congreso Nacional y la Cámara de Cuentas”, dijo.

No obstante, aclaró que independientemente de los buenos deseos, el Congreso Nacional no hará una eficiente labor de fiscalización hasta tanto no apruebe la Ley de Control y Fiscalización.

La legislación –argumentó-,  sería el mecanismo fundamental para los legisladores ejercer la función que como atribución constitucional les corresponde, tarea pendiente que espera sea resuelta en la actual gestión gubernamental.

Definió la Cámara de Cuentas  como el “brazo armado” del Congreso “y ya todos hemos visto el desempeño de ese órgano a lo largo de su historia, que ha sido muy deficiente”.

 Sobre “el barrilito”

Al referirse al Fondo de Asistencia Social que reciben los senadores, el denominado “barrilito”, el representante de la sociedad civil reiteró que se trata de “una aberración”, por entender que  esas no son atribuciones de los legisladores, sino del Poder Ejecutivo.

“Decimos esto, partiendo de la lógica del Estado, de que hay un órgano que administra, que es el Poder Ejecutivo y otro que su labor es controlar y fiscalizar al administrador, que es el Congreso Nacional y eso no se está cumpliendo”, dijo Castaños Guzmán al ser entrevistado en el programa Uno más Uno que se transmite por Teleantillas.

Narró que en la Republica Dominicana se ha instalado un modelo político que va a ser muy difícil de erradicar, en el entendido de que las estructuras que se crearon a lo interno de los poderes del Estado, no contribuyen a que muchas de sus instituciones fueran efectivas.

Castaños Guzmán dijo que aspira a que sea el  propio Abinader quien a través del Proyecto de Presupuesto de la nación, no consigne  partidas de fondos como “el barrilito” y que sean los propios senadores que a cuenta de sus riesgos lo aprueben.  “Ese sería un buen mensaje”.

“El presidente ha dicho que no está de acuerdo con eso y el hecho de que ya tres senadores y dos diputados hayan renunciado a eso, muestra que evidentemente es el inicio del proceso de desmonte de ese fondo”, refirió el jurista.