Rebajar sueldos a altos cargos y confiscar bienes a corruptos evitarían golpear con más impuestos en 2021

Redacción/elCorreo.do

SANTO DOMINGO: El anteproyecto de Ley de Presupuesto General del Estado para el año 2021, introducido este jueves ante el Congreso Nacional, parece que se formuló en 2019, cuando aún no se había dispuesto la paralización forzosa de la economía mundial, fruto de la pandemia del covid-19.

Cientos de miles de empleados y obreros urbanos y rurales están desde marzo fuera de nómina, las exportaciones paralizadas casi por completo, al igual que las fábricas procesadoras de bienes de consumo interno y el exterior.

Sin embargo, por ningún lado se ha sentido un plan de austeridad, aplicable de manera preponderantemente a los multimillonarios miembros del gabinete y otros altos cargos no menos adinerados, en vez de grabar sueldos mugrosos navideños.

Todos continúan cobrando los extraordinarios montos que hace unos meses criticaban, refiriéndose a aplicar de manera subrepticia una reforma cuasi fiscal disfrazada, pero aplicable de manera directa a los menores ingresos.

Cierto es que, ante la presente anormalidad productiva, el gobierno estimula la creación de empleos, pero sin pensar por el momento en cumplir promesas electorales iniciando obras que bien pueden esperar el retorno de la normalidad.

En el contenido del proyecto de presupuesto de ingresos y gastos públicos estatales de 2021 se contemplan partidas de inversión para distintas obras sociales que han sido iniciadas en los gobiernos anteriores y aún no concluyen.

El Estado ha incluido en el documento una partida de RD3,000 millones para el proyecto Domingo Savio, que permitirá mejorar la situación de cientos de familias que se han asentado informalmente a orillas del río Ozama, en los sectores de La Ciénaga y Los Guandules.

Además, el presupuesto contempla una partida de RD$2,492.15 millones, para la ampliación de la Línea 1 del Metro, ampliándose con cinco nuevas estaciones e incluir vagones con mayor capacidad de personas.

Otros de los proyectos de inversión incluidos son la recuperación de la cobertura vegetal en cuencas hidrográficas por un monto de RD$1,895.46 millones; la construcción de la avenida Circunvalación de Baní RD$1,498.64 millones y la ampliación del Sistema Nacional de Atención a Emergencia (911) RD$1,125.81 millones.

Gobierno de millonarios

Para la casi totalidad de los actuales principales funcionarios, “servir al gobierno, para servir al pueblo”, permitiendo una rebaja sustancial de sus salarios, iniciando por el propio presidente Abinader, que es el más rico, no sería ningún “sacrificio”.

Cierto es que durante los 20 años anteriores los titulares de principales despachos el perfil económico ha sido de millonarios, pero los del 16 de agosto último parece que estar en la oposición le sirvió de estímulo para amasar fortunas.

Puede decirse que al conocer detalles de las declaraciones juradas de sus bienes, se llega a la conclusión de que eran empresarios que aceptaron colaborar con la nueva administración, aunque sin hacer ostentación de sus teneres.

Es que desde hace años resulta común que prósperos empresarios de diversos sectores (transporte, industrial, agropecuaria o “riferos”), participen, discreta o abiertamente, en las actividades políticas.

Aunque sorprendió el monto del patrimonio familiar declarado por el presidente Abinader, ascendente a la envidiable cifra de RD$4,396 millones, aunque las de sus ministros no quedan ridiculizadas, al acumular capitales que rondan los RD$3,000.

Entre los subalternos del gobernante sobresalen los ministros de Agricultura, Limber Cruz, RD$800 millones; de Hacienda, Jochi Vicente, RD$501; Lisandro Macarrulla, RD$368; Luis Miguel De Camps, RD$297; la vicepresidenta Raquel Peña RD$153 y Franklyn García Fermín, RD$104.

Dos de las grandes revelaciones en este sentido fueron las de Milagros Germán, al declarar patrimonio de RD$186 millones y Kimberly Taveras, con 74 millones 77 mil 134 pesos.

Otros millonarios son Orlando Jorge Mera, juró tener bienes valorados en RD$50 millones; Roberto Furcal, RD$49 millones; David Collado, RD$39, Miguel Ceara Hatton, RD$31 y Antonio Almonte, RD$35.

¿Se confiscarán los bienes mal habidos?

Si se admite como cierto que un importante porcentaje del presupuesto nacional se “diluye” en acciones corruptas, la confiscación de esos valores puede realizarse, si se tiene la voluntad política de los que están en el deber de hacerlo.

La vigente Constitución dominicana establece en su 146 establece condena para el funcionario que sustraiga fondos o que se prevalezca de sus funciones y obtenga para sí o terceros de provecho económico.

Mientras, el artículo primero de la Ley 5924-62, sobre confiscación general de bienes, expresa que “toda persona que haya cometido o cometiere abuso o usurpación del Poder o de cualquier función pública para enriquecerse o para enriquecer a otros, será declarada culpable de enriquecimiento ilícito y condenada a la pena de la confiscación general de sus bienes”.

Agrega que en igual pena incurrirá “toda persona que se haya enriquecido al amparo o como consecuencia del abuso o usurpación del Poder cometido por otro. Dicha pena será aplicable a las personas morales”.

Antecedentes

Esta misma legislación preveía (recuérdese que se trata de una ley de hace 58 años) la designación de un tribunal y un fiscal de confiscaciones especiales de confiscaciones, para actuar respecto a los bienes de la familia Trujillo y sus allegados.

Es lo que hoy es la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), con la deferencia de que en la de 1962 el proceso no tenía como ahora, el propósito de establecer condena penal al autor del enriquecimiento ilícito, sino más bien, la de confiscar los bienes a favor del Estado.