Miércoles, 03 Enero 2018 00:00

Empezando el 2018. Jorge Prats vuelve a tropezar con la misma piedra; Manuel Fermín Cabral revela que en el tema de resolución de la JCE, el catedrático reincide en “sus extravíos doctrinarios” y niega lo que ha escrito en sus libros

Cualquiera que lea los libros  del abogado Eduardo Jorge Prats y los contraste con sus posiciones actuales pensaría que el catedrático padece de disonancia cognoscitiva, un fenómeno sicológico que hace referencia a la desarmonía interna del sistema de ideas, creencias y emociones que percibe una persona que tiene al mismo tiempo dos pensamientos que están en conflicto entre sí.

De manera reiterada, Jorge Prats se contradice con los postulados académicos de sus libros. Ahora ha sido el jurista y catedrático Manuel Fermín Cabral, quien en un artículo publicado este miércoles en el diario digital Acento pone de manifiesto que Jorge Prats vuelve a incurrir “en sus extravíos doctrinarios”,  por lo que, “sus planteamientos esbozados en su obras quedan ya en indefensión”.

Fermín Cabral se refiere a la posición que en su manual de Derecho Constitucional Jorge Prats sostiene sobre la omisión del derecho de audiencia en los reglamentos normativos y cita que éste escribió que dicha omisión, “afecta no sólo de vicio de forma la norma reglamentaria en cuestión por violación al debido proceso adjetivo, sino que también implica una violación al debido proceso sustantivo, pues se presume que todo reglamento dictado en ausencia de consulta pública es necesariamente irrazonable”.

“De manera concreta sostenía el citado autor”, recuerda  Fermín Cabral, “que una norma dictada al margen del deber de consulta era inconstitucional (no simplemente legal). Peor aún, en aquel entonces acusaba exasperadamente al Tribunal Constitucional de un comportamiento “bipolar” respecto de la interpretación que el mismo daba al debido proceso administrativo”.

Ahora Jorge Prats en un artículo reciente defiende la tesis  contraria de que la violación del derecho de audiencia no entraña la inconstitucionalidad de los reglamentos.

Es la segunda vez en aproximadamente un mes que el abogado se desdice sobre lo que ha escrito en sus publicaciones. La primera fue cuando el catedrático y abogado Namphi Rodríguez reveló que en su manual de Derecho Constitucional Jorge Prats sostenía que las primarias abiertas eran inconstitucionales, posición que cambió en medio del debate que cerró el año 2017.

Por considerarlo de interés, El Correo.do reproduce el artículo de Manuel Fermín Cabral, publicado en Acento:

 

La Junta Central Electoral y la omisión del procedimiento de consulta pública I

Manuel Fermín Cabral - 3 de enero de 2018

 

"La “resolución” de la Junta Central Electoral que dispuso la asignación de apellidos a niños de padres desconocidos ha generado un interesante debate jurídico. Aunque centrado —en su mayor parte— en cuestiones que radican en si un ente constitucional extrapoder tendría las “competencias” para regular el contenido de la materia reglamentada, la discusión también discurre en el ámbito del denominado “procedimiento administrativo”; en lo particular, del procedimiento “para la elaboración de normas administrativas y planes”. La Junta Central Electoral, que actúa en pleno ejercicio de sus “poderes reglamentarios”—como establece en la misma “resolución”—, dejó de lado, al momento de aprobar la puesta en vigencia de la citada “resolución”, su consabido deber de someter a consultas públicas el borrador de la norma administrativa que pretende dictarse. Afortunadamente, al momento de escribir estas líneas, el Pleno del citado ente rectificó y abrió un procedimiento de consulta sobre la referida “resolución”.

La “resolución” —denominación que usualmente es utilizada para los actos administrativos— dictada por la Junta Central Electoral es una “norma administrativa”. No es un acto administrativo. Y quienes han sido mis alumnos, ya sea en clases de grado o postgrado, han de recordar el énfasis de quien escribe en que, al igual que lo establece la codificación napoleónica para el derecho privado, la denominación que se le endilgue al “acto” no es lo relevante: su contenido, en cambio, sí lo es. Recordarán que lo importante será —siempre que sea preciso determinar si se está en presencia de un acto de naturaleza reglamentaria— advertir el carácter “ordinamentalista” (Morón) y “abstracto” (Meilán) del mismo. Solo así podrá establecerse si se trata de una “norma administrativa”. García de Enterría y Fernández, en efecto, al momento de definir el acto administrativo —siguiendo la clásica definición de Zanobini—, hacen hincapié en la distinción de éste con el “reglamento” al decir que el primero es la “declaración de voluntad, de juicio, de conocimiento o de deseo realizada por la administración en ejercicio de una potestad administrativa distinta de la potestad reglamentaria.” Don José Luis Meilán Gil, en su obra “Categorías Jurídicas en el Derecho Administrativo”, al establecer también las diferencias entre acto administrativo y reglamento, resalta la verdadera función del primero (que lo diferencia aún más del segundo y de su naturaleza abstracta) al expresar:“Esta es la misión del acto administrativo: operar la máxima concreción de la norma, que es su aplicación singular.” (“Categorías jurídicas en el derecho administrativo”, 2011, p. 122). Lo anterior, por difícil que parezca, requiere de una aclaración, puesto que no son pocos los casos en los que se observa la peligrosa confusión entre dos de las “categorías jurídicas” (Meilán) más importantes del derecho administrativo desde su origen histórico: el acto administrativo y el reglamento".

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