Apatía JCE ante constantes amenazas a empleados evidencia cojera institucional

Redacción/El Correo

A medida que se acerca el domingo 16, día programado para celebrar las elecciones municipales, las tensiones y el nerviosismo aumentan, situación que se manifiesta con las constantes amenazas de cancelaciones si los votantes escogen autoridades diferentes a las que gobiernan.

En ese sentido, el pasado sábado el Isidro Torres, dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), denunció que el Gobierno presiona a los beneficiarios de la tarjeta Solidaridad para que voten por sus candidatos bajo la amenaza que si pierden éstas les serían retiradas.

Igual actitud asumió la alcaldesa del municipio Esperanza, en la provincia Valverde, Jacqueline Peña, quien en reunión con todo el personal del organismo, adelantó que si perdía las elecciones del domingo 16, “el día 18 los cancelo a todos, votaran por mí o no”.

También el senador Félix Vásquez, de la provincia Sánchez Ramírez por el Partido Revolucionario Dominicano, organización aliada al PLD, advirtió a principio de mes que los empleados públicos que no se integren a la campaña ”serán separados de sus puestos”.

“Nosotros queremos saber quiénes son porque se acordó que el que no se integre sencillamente se va a cancelar”, se le escucha decir en un vídeo ampliamente difundido en las redes sociales.

Hace unos días, la actual diputada Lucía Medina, durante una serie de reuniones con empleados públicos de San Juan de la Maguana, amenazó con retirar los beneficios sociales a quienes no apoyen los candidatos del PLD.

Con un mensaje llano y directo, la frustrada aspirante a la nominación senatorial Medina instaba a los empleados “a preservar su trabajo”, el que, según dijo, solo lo garantiza la permanencia de su Danilo en la presidencia República, ya que  el partido de la Liberación Dominicana podrían perder las elecciones si lleva a otro candidato.

Esas amenazas violan la Ley 41-08 de Función Pública, la que prohíbe, en su artículo 83, “requerir, inducir u obligar a sus subalternos a participar en actividades políticas o partidistas, sea en su provecho o en provecho de terceros”.

Sin embargo, la Junta Central Electoral no ha actuado para aplicar la ley en estos casos.